El Ayuntamiento de La Línea, tras la aprobación de una moción en el pleno del pasado jueves, instará a la Diputación de Cádiz que dé explicaciones sobre el proceso de construcción de la residencia de ancianos que la administración provincial comenzó en el año 2010 y que aunque tenían que estar listas desde 2012 aún se encuentra sin construir. Fue La Línea 100x100 la que llevó esta proposición al pleno después de que CSIF le trasladara que ha detectado una serie de incongruencias en el proceso de adjudicación de las obras.

Según el informe que entregó Francisco de la Torre Bononato, secretario general de la sección sindical de CSIF en la Diputación de Cádiz, a los representantes del partido localista, el sindicato ha detectado descuadres en las cantidades que la corporación provincial ha declarado a la prensa durante los últimos años al comparar los datos que la Diputación aportó al Defensor del Pueblo Andaluz, organismo ante el que CSIF denunció la paralización de las obras.

El sindicato señala que aunque en el pleno de Diputación celebrado el 22 de diciembre de 2010, el por entonces diputado de Patrimonio, Francisco Menacho, respondió a una pregunta sobre el estado de la obra de la nueva residencia de ancianos que se había resuelto el contrato con la primera empresa, Imesapi, y que la que se haría cargo de los trabajos sería una UTE, Urban Civil SL junto con Felipe Castellano SA. Sin embargo CSIF destaca que el 25 de marzo de 2011 se conoció que la empresa que se hizo con el contrato fue otra UTE, Contract Ingeniería y Obras SA junto con ACT Sistemas SLU.

En el apartado financiero, el sindicato estima que falta claridad. CSIF hace referencia a un informe entregado por la Diputación que recoge que la adjudicación de la obra se hizo en 2010 a Imesapi por 4.117.521,03 euros. Sin embargo esta empresa no llegó a empezar la obra, pero recibió 82.350,42 euros de indemnización. La organización señala que la UTE que se anunció en el pleno del 22 de diciembre de 2010 no aparece en el informe entregado por la Diputación al Defensor del Pueblo, pero advierte de que en la adjudicación a la segunda UTE el precio subió a 4.320.583,66 euros, unos 200.000 más. Sin embargo debido a las deficiencias detectadas por el Consorcio Provincial de Bomberos en la instalación contra incendios del proyecto, la obra se paralizó cuando ya se habían invertido 38.921,16 euros.

Las dudas sobre la financiación de CSIF se deben a que en el momento que se paralizó la obra el PP gobernaba en Diputación. Los populares criticaron al PSOE que en 2010 y 2011 no habían ni un sólo euro en el presupuesto para esta obra. "Lo que resulta extremadamente chocante después de todo lo expuesto", indica el sindicato en este informe.

Este fue el fin de la obra de la nueva residencia, que desde entonces está paralizada en Santa Margarita. En 2012 el gobierno de la Diputación retiró de los 2,4 millones que estaban consignados en el presupuesto un total de 2,1 para destinarlos al Plan Reactiva, mientras que los 300.000 euros restantes quedarían para el año siguiente.

Pero en 2013 la administración comarcal decidió invertir el dinero en la antigua residencia para parchearla. Sin embargo CSIF recoge en su informe que algunos empleados vieron que algunos operarios fueron a tomar medidas para mejorar algunas dependencias de la residencia, no se llegaron a acometer estos arreglos, ni mucho menos por valor de los referidos 300.000 euros.

En 2014 de nuevo se anunció una consignación de 1.292.939,10 euros para la construcción de la residencia, casi un millón menos que dos años antes (los referidos 2,1).

El baile de cifras se mantuvo en 2015, cuando el PP, tras salir del gobierno provincial, reprochó al PSOE, ahora en la presidencia, que retirase el millón de euros previsto para la residencia a otras inversiones.

En 2016 tampoco hay consignación para retomar esta obra, que se antoja muy necesaria al ser el actual geriátrico de Diputación el único público en toda la zona oriental de la comarca. Además, sus 33 plazas -antes tenía operativas cinco plantas, y ahora sólo tres- se antojan insuficientes para una población importante que suman La Línea, San Roque, Castellar y Jimena. De hecho CSIF señala que en la comarca hay 1.200 ancianos que esperan plazas en residencias públicas.

En la moción aprobada el jueves el Ayuntamiento solicita a la Diputación, de lo que dará traslado a la Mancomunidad y la Junta, que dé explicaciones de la contabilidad y que si finalmente hay irregularidades se dé traslado de ellas a la Fiscalía. Además pide que se finalice la residencia en un plazo inferior a dos años y que, mientras tanto, se adecente la actual.