Los trabajadores municipales cobrarán la nómina de julio con los 408 euros correspondiente al complemento específico incluido. Así lo indicó el teniente de alcalde Helenio Lucas Fernández a los representantes sindicales de CSIF, CCOO y UGT, con los que se reunió el pasado viernes y que le pidieron que el equipo de gobierno considerase acciones alternativas para seguir abonando esa cantidad, considerada irregular por dos sentencias del Juzgado de lo contencioso-administrativo.

Eso sí, el equipo de gobierno advierte a los sindicatos que el hecho de abonar los salarios con el complemento incluido implicará que el pago de la paga extra de verano "se retrasará hasta que las arcas municipales cuenten con liquidez para hacer frente a ese pago". También señala la carta enviada por Fernández que si no se reduce la masa salarial global de los trabajadores municipales, "algo en lo que todos portavoces de los partidos nos mostramos conformes y ustedes asumieron" -se dirige el edil a los representantes sindicales- "no se podrá garantizar el pago de las 14 nóminas, las retenciones del IRPF y Seguridad Social, lo que conllevará más gastos en intereses de demora y el incumplimiento sistemático del plan saneamiento acordado por la anterior corporación. Lo que supondrá, a su vez, nuevas retenciones en la participación en los impuestos del Estado".

También avisa Helenio Lucas Fernández que si continúa está situación se corre el "riesgo potencial y gravemente perjudicial para los trabajadores" de que haya que retrotraer la aplicación de la sentencia a finales de 2013, cuando la RPT que ahora es considerada ilegal fue aplicada.

Señala además el concejal que solicitará al departamento de personal que estudie si el complemento específico puede aplicarse en los trabajadores municipales que provienen de empresas absorbidas por el Ayuntamiento, así como de otros colectivos que pudieran estar en situación similar.

Sobre la aplicación de la sentencia del Juzgado de lo contencioso, el portavoz municipal señala que la corporación "se limitará a ejercer de mera ejecutora de dicha sentencia dictaminada por un ente judicial superior", ya que indica que hay varios casos de inhabilitación por incumplir sentencias.

Fernández también señala que ha ofrecido a la empresa que redactará la nueva RPT que tenga en cuenta la toma de datos de los documentos que fueron impugnados para abaratar costes, y que una vez que esté elaborada, se someterá a los representantes sindicales para buscar consenso. El edil, además, señala que el equipo de gobierno se sometería a la decisión judicial su prospera la petición de suspensión de la ejecución de la sentencia que hicieron los sindicatos y recuerda a CCOO que el convenio de 2009 que fue aportado por este sindicato y en el que se establecen los complementos de economato y puntualidad podría ser nulo.