Los módulos de la Avenida Príncipe de Asturias continúan abiertos casi un año después de que el Ayuntamiento de La Línea comunicara a los empresarios que debían cerrar sus negocios porque el equipo de gobierno PSOE-PA había decido ejecutar el acuerdo tomado en pleno en mayo de 2010 por el que se extinguía el derecho de ocupación de estos los módulos, situados frente a la frontera con Gibraltar.

El teniente de alcalde Francisco Espada afirmó a mediados de septiembre del año pasado que los módulos comerciales que existen frente al recinto aduanero tenían que ser desalojados "en breve" porque sus contratos y licencias de ocupación se encontraban en "situación irregular" y porque así lo acordó en Pleno en mayo de 2010. Espada recalcaba que los propietarios de los negocios que allí existen han gozado de una situación que generaba "agravio comparativo" con los comerciantes del resto de la ciudad debido al bajo precio que pagan por su ocupación.

Al conocer la decisión del Consistorio, los empresarios anunciaron al equipo de gobierno que recurrirían esta decisión para establecer los trámites necesarios para evitar cerrar y así poder perder los puestos de trabajo. Incluso acudieron al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.

Los empresarios de estos locales, que abarcan negocios como una empresa de alquiler de coches, una oficina de cambio de divisas o una inmobiliaria, se encuentran a la espera del dictamen del juez y esperan poder llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para mantener la ocupación de estos módulos en las mismas condiciones. Uno de los negocios que hubo frente a la frontera fue el Diner, que cerró hace poco más de un año y del que ahora el Ayuntamiento, a través del Boletín Oficial de la Provincia, reclama el abobo de las tasas por la utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público municipal de 2013 y del primer semestre 2014 por un valor de unos 15.000 euros.

El propietario de uno de los negocios instalados en estos módulos explica en qué situación se encuentra el proceso. "Nosotros denunciamos al Consistorio simplemente porque en el momento de hacer las cosas las hicieron de muy malas formas y nos pedían mucho dinero. Son exactamente 1.700 euros mensuales los que nos piden por un trozo de suelo, y eso para nosotros es algo inviable debido la situación de crisis por la que estamos pasando todos los negocios", explica este empresario.

"Estamos esperando también noticias del equipo de gobierno, ya que no sabemos si van a querer llegar a un acuerdo o finalmente nos tendremos que marchar a otro sitio", señala uno de los propietarios, que lamenta que finalmente tengan que quedarse sin actividad y dejar en el paro a sus empleados.

La decisión de desalojar estos módulos fue tomada en sesión plenaria celebrada en mayo de 2010 con votos a favor de PP -que por entonces gobernaba en la ciudad con Alejandro Sánchez en la alcaldía-, PSOE e IU, mientras que UPL no apoyó la decisión.

Hace un año el teniente de alcalde Francisco Espada recordaba que el equipo de gobierno pretendía cumplir ese acuerdo plenario porque "el equipo de gobierno municipal de años anteriores, del GIL y PP, otorgó algunas licencias de ocupación de vía pública a dedo y a precios irrisorios, como si de un puesto ambulante se tratase, lo que evidentemente no es así y perjudicaba al Ayuntamiento y a todo el conjunto de ciudadanos porque pagaban precios ínfimos estando en una zona muy concurrida". "A eso se le añade dos módulos que fueron, por el contrario, otorgados mediante concurso público, como concesiones, en los cuales también han finalizado el tiempo de duración otorgado, lo que evidentemente saben sus responsables desde el principio, aunque ahora parecen sorprendidos", recalcó en referencia a las declaraciones de los propietarios de esos centros que publicó días antes este diario. "Ahora, y para no incurrir en prevaricación, se está llevando a cabo el proceso de desahucio, tal y como contempla el ordenamiento jurídico y lo aprobado por el Ayuntamiento", recalcaba Espada por entonces.