El supervisor de aplicación del Servicio de Aduanas de Gibraltar, Colin James McHard, fue condenado ayer al pago de 1.800 euros de multa -a razón de 10 euros diarios durante seis meses-, y a un año de retirada del carné de conducir. La pena le llega como consecuencia de haber arrojado una tasa de alcohol de 1,36 miligramos por litro de aire espirado tras un accidente de tráfico con una moto en la carretera de La Alcaidesa el pasado 17 de abril.

Colin James McHard compareció ayer en el juzgado de instrucción número 4 de La Línea, situado en La Velada. El agente de la Ley en el Peñón, imputado por un delito contra la seguridad vial, fue muy puntual a su cita judicial, a la que llegó solo, y declinó hacer declaración alguna a este diario. Al no designar letrado, le asistió Dolores Hillmer, que era la abogada de oficio de guardia.

El fiscal pidió para él seis meses de multa a 10 euros diarios -los 1.800 euros- y un año de retirada del carné de conducir. Según pudo saber este diario, el imputado se mostró conforme a la petición.

La tasa de alcohol por litro respirado con la que circulaba supera con creces el máximo permitido en España, 0,25 para conductores con más de dos años de carné de conducir. De hecho, dada la magnitud de los resultados obtenidos en las pruebas realizadas por la Policía Local aquella tarde, podía incluso enfrentarse a una pena de cárcel, que quedaría suspendida si el imputado no cuenta con antecedentes.

Colin James McHard, natural de Dumbarton (Escocia), con domicilio en Gibraltar, sufrió un accidente con una Honda modelo PES 125 el pasado jueves, 17 de abril, cuando circulaba por la carretera de La Alcaidesa. El acta que levantaron los agentes al que tuvo acceso este diario, señala que la primera de las pruebas, practicada a las 17:24 horas, dio como resultado 1,36 miligramos por litro, mientras que la segunda, a las 17:36 horas, arrojó un resultado de 1,33 miligramos por litro.

Los agentes también reflejan en este documento que McHard tenía derecho a formular alegaciones u observaciones y que podía contrastar los resultados obtenidos en la prueba mediante un análisis de sangre, orina u otros análogos que el personal del centro médico al que sería trasladado estimase más oportuno, aunque manifestó que no deseaba contrastar esos resultados. El agente gibraltareño, además, hizo uso de su derecho no prestar declaración y hacerlo sólo ante el juez.