Un total de 500 trabajadores españoles en Gibraltar han perdido su puesto desde el pasado mes de enero, según informó el Círculo de Trabajadores y Pensionistas Españoles en Gibraltar (Citypeg), que añadió que 60 de ellos han perdido sus empleos en empresas de construcción en las últimas semanas.

El presidente de Citypeg, Francisco Ponce, expresó su preocupación porque si ya había alertado "del peligro que corren los puestos de trabajo de los españoles en el sector público con riesgo de despido, lo cual no ha sido desmentido ni por el Gobierno de Fabian Picardo y Joe Bossano, ni por el sindicato Unite, lo cual confirma nuestros temores, en el sector de la construcción esto es ya una realidad".

En relación a los últimos despidos, Citypeg indicó que los españoles trabajaban en empresas de construcción concertadas por el Gobierno de Gibraltar. "Se trataban por lo tanto de puestos fijos, con muchos empleados".

Para Francisco Ponce resulta "inquietante que, con más de diez años de servicio a estas empresas, solo los españoles han visto sus contratos terminados mientras que los trabajadores locales han sido transferidos a otras empresas en construcción".

Citypeg añadió que de estos despidos ha informado al sindicato Unite "que mira para otro lado y que ni siquiera protesta ante esta situación de clara índole antiespañola".

Ponce añadió que los españoles en el Peñón "estamos solos sin que nadie nos apoye, es una situación muy triste" y añadió que por otro lado, en cuanto a la pensión que van a recibir las personas que desarrollan su profesión en el sector del privado al otro lado de la Verja considera que la situación es "alarmante". Citypeg resaltó que mientras que en España "todos los que trabajan cotizan a la Seguridad Social y tienen garantizada una pensión trabajen donde trabajen, en Gibraltar la realidad es muy distinta y los españoles que se han jubilado y los que van a jubilarse con 65 años tendrán una sorpresa muy desagradable pues van a recibir una pensión de alrededor e 200 euros ya que el Community Care de 700 euros y otras ayudas gubernamentales de 825 euros trimestrales están vetadas a los españoles".

La asociación considera "inadmisible tanto la situación laboral de los españoles en el Peñón como el tema de las pensiones".