El sindicato CSIF confirmó ayer que ha presentado un recurso de reposición contra el pleno del pasado 15 de junio en el que se aprobó, dentro de un plan de ajuste municipal ratificado después por el Gobierno central, un recorte del 15% en el complemento específico de todos los trabajadores del Ayuntamiento.

Según explicó la organización sindical en un comunicado de prensa, el motivo de dicho recurso es que considera "nulo" dicho acuerdo plenario "al no haber sido negociado con los sindicatos. Las administraciones públicas tienen la obligación de pactar este tipo de medidas cuando afecten a empleados sindicados. Es decir, el Consistorio debió negociar el recorte salarial antes de adoptar cualquier medida en el pleno", puntualizó.

El CSIF agregó que, en su opinión, el Ayuntamiento "ha prescindido del procedimiento adecuado para modificar sustancialmente las condiciones laborales de los trabajadores. La Administración local no puede decidir de forma unilateral una reducción del 15% del sueldo", apuntó.

Por otro lado, el sindicato alegó que el complemento específico que perciben los empleados públicos "está destinado a retribuir condiciones particulares de algunos puestos de trabajo, en atención a su especial dificultad técnica, dedicación y otros. Es decir, el complemento específico es el resultado de un análisis individualizado de cada puesto de trabajo y su valor depende de dicho análisis, así que no se puede eliminar, reducir o modificar de manera aleatoria o injustificada", manifestó la organización, que insistió en que estará pendiente del resto de recortes, que tampoco aceptará "sin que antes se apliquen los verdaderos recortes que necesita este Ayuntamiento, que no puede permitirse los sueldos de ministros de los que disfruta un reducido grupo de trabajadores mientras se aplican recortes sociales sin previa negociación".

En otro orden de cosas, fuentes municipales confirmaron ayer a este diario que por el momento no se ha ordenado ninguna transferencia a los trabajadores municipales tras la aprobación el lunes, en la junta general de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (Emusvil), del reparto anticipado de beneficios de esta sociedad, lo que permitirá abonar un salario.

Dicho reparto contó con el voto en contra de Izquierda Unida. A este respecto, la concejal de IU Ceferina Peño recordó ayer en declaraciones a este diario que la posición de su partido "no ha cambiado", pues el sentido de su voto fue idéntico el pasado mes de abril, cuando el mismo punto se llevó a la mesa de la junta general de Emusvil. El pasado lunes, el voto favorable del PP, que en abril votó en contra, y el del concejal no adscrito José Infante dio luz verde a dicho reparto.

Para Peño, "es hora de que el equipo de gobierno diga claramente qué va a hacer con Emusvil. En su día ya le preguntamos si iba a descapitalizar a esta empresa o a dotarla de un proyecto de futuro. Seguimos sin una respuesta clara. El equipo de gobierno tiene que ser valiente y decir cuáles son sus planes", dijo.

La concejal agregó que, al igual que el pasado mes de abril, en la junta de Emusvil del lunes "se abordó el reparto anticipado de beneficios futuros -2,5 millones de euros- que todavía no están. Los pactos y los acuerdos han permitido ahora aprobar eso pero IU creía en abril y sigue creyendo que Emusvil necesita un proyecto de futuro que no vemos, de ahí que hayamos votado lo mismo", apostilló.

Por último, Ceferina Peño lamentó que la alcaldesa, Gemma Araujo, "haya cambiado de parecer respecto a Emusvil. Durante la campaña de las municipales dijo que quería darle un cambio radical a la forma de utilizar a esta empresa, que a través de ella quería construir esas viviendas sociales tan demandadas por la población. Sin embargo, ha terminado heredando la gestión de Juan Carlos Juárez", concluyó.