Gibraltar

La CE aplaza la publicación de un expediente fiscal a Gibraltar

  • Hacienda calcula que España pierde unos 1.000 millones de euros al año por el régimen tributario del Peñón Las conclusiones se darán a conocer después del referéndum

La Comisión Europea ha retrasado la publicación de un expediente sobre las ventajas fiscales que ofrece Gibraltar debido a la celebración del referéndum en el que los ciudadanos británicos votaron ayer su continuidad o salida de la Unión Europea ante el riesgo de que triunfase el brexit. Según indicó ayer el diario El País, aunque el informe ya ha sido remitido a Reino Unido, el documento no se ha publicado "tal y como exige España", porque el Gobierno gibraltareño solicitó a la Unión Europea que pospusiera el anuncio hasta después del referéndum.

Según los cálculos que maneja Hacienda, España pierde casi 1.000 millones de euros al año por el régimen tributario del Peñón. Así, en los últimos cuatro años, en los que el Gobierno español no ha recibido una respuesta a sus quejas por el régimen fiscal de la Roca, las cuentas públicas han perdido cerca de 4.000 millones.

Fue en junio de 2012 cuando España denunció ante la Comisión Europea el régimen fiscal de Gibraltar por considerar que concedía ventajas a empresas que no estaban radicadas en el territorio gibraltareño. La colonia británica, según Madrid, estaba aprovechando una baja tributación para atraer empresas que en realidad tenían su actividad en España y tan solo pretendían huir del fisco español. Además, el Gobierno español señalaba que la diferente fiscalidad que tenía Gibraltar respecto a Reino Unido debía considerarse una ayuda territorial. A juicio de la Administración española, ambas circunstancias deberían etiquetarse como ayudas de Estado incompatibles con el marco legal comunitario.

No fue hasta octubre de 2013, recuerda El País, cuando la Comisión anunció finalmente la apertura formal de una investigación. En ese documento ya se adelantaba que el hecho de que no existiera un gravamen en Gibraltar podría constituir, de por sí, una ayuda de Estado reñida con la normativa comunitaria. Sin embargo, las autoridades gibraltareñas reaccionaron con suma velocidad y cambiaron la legislación. El Gobierno español sostiene que Gibraltar modificó el envoltorio legal pero en la práctica mantiene las mismas ayudas. En el fondo, se trata de una táctica dilatoria que busca invalidar el objeto de la investigación.

Ante esta situación España pidió que se modificase el objeto de la investigación para incluir las nuevas prácticas de Gibraltar, los llamados tax rulings o acuerdos con empresas particulares que permiten que tengan una tributación reducida. Esto consiste en que mediante pactos ad hoc, Gibraltar básicamente permite que queden exentos de tributación todos los beneficios que una empresa haya obtenido fuera.

El 1 de octubre de 2014 la Comisión Europea anunció que ampliaba la investigación a los tax rulings, pero no lo publicó en el boletín oficial, una acción imprescindible para que se inicien los trámites y para que España pueda hacer las alegaciones pertinentes. Aunque poco después la Comisión comunicó a Reino Unido su decisión de incoar el procedimiento, ésta no fue publicada y por lo tanto no se inició la investigación formal. Ante el nuevo retraso, España recriminó a la Comisión la excesiva demora, considera que se están vulnerando sus derechos e incluso amenaza con recurrir.

El Ejecutivo comunitario trató de calmar al Gobierno y dio como abril como fecha de publicación. Sin embargo el 7 de abril representantes del Gobierno de Gibraltar visitaron a los responsables de la Comisión y pidieron que se aplazara su publicación hasta después del referéndum.

La situación ha provocado, según explica El País, que el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, haya remitido una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la que denuncia "la nula tributación de las sociedades extraterritoriales domiciliadas en el Peñón y la opacidad de su régimen fiscal". En la misiva, el titular de Exteriores español muestra su sorpresa porque todavía no se haya publicado la decisión de ampliar la investigación a los tax rulings.

Margallo señala que el Gobierno de España está encontrando problemas en las contestaciones que da Gibraltar con respecto a la población con residencia ficticia en el Peñón; los entramados societarios construidos para ocultar rendimientos económicos y las sociedades patrimoniales opacas que tienen más de 3.000 bienes inmuebles en España y cuya titularidad es desconocida.

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