Gibraltar se la juega en las elecciones generales británicas del próximo jueves 7 de mayo, ya que estas determinarán la relación del Reino Unido con la Unión Europea (UE) y la posible celebración de un referéndum sobre la retirada de la comunidad en la nueva legislatura. Las consecuencias de ese hipotético panorama, teniendo en cuenta la vieja reinvidicación de España sobre la soberanía de Gibraltar, serían nefastas para el Peñón y cambiarían radicalmente los condicionantes del conflicto de la Verja.

Tanto es así que hace unas semanas, en una entrevista concedida a uno de los principales diarios económicos del mundo, el Financial Times, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, abogó por un "diferente grado de pertenencia a la Unión Europea" en el caso de que prospere la salida británica de las instituciones comunitarias. El político se mostró partidario de que "cada una de las naciones que votan (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) incluida Gibraltar , deberían computarse por separado". Según el líder de los laboristas del Peñón "si una parte del Reino Unido decide su salida de la UE, a continuación se deberían iniciar negociaciones con cada una de las partes para que sean capaces de permanecer con un diferente grado de pertenencia".

Las presiones del ala euroescéptica del Partido Conservador y el auge en las encuestas del eurófobo UKIP llevaron al primer ministro británico, David Cameron, a prometer un referéndum sobre la salida del Reino Unido de la UE si resulta reelegido.

El programa conservador prevé dedicar la primera sesión parlamentaria tras los comicios a legislar sobre una consulta que se celebraría antes de terminar 2017, tras un periodo de dos años en el que el Reino Unido trataría de renegociar su relación con Europa.

Los partidarios de abandonar el bloque común argumentan que es necesario controlar la inmigración europea y que la economía del país mejoraría al ahorrarse su contribución a la UE.

El Reino Unido dedica cerca de un 0,53 % de su PIB al presupuesto comunitario, un gasto que los euroescépticos ven un lastre destinado a ayudar a los países más afectados por la crisis económica.

Con todo, algunos estudios apuntan que Londres perdería más de lo que ganaría si decide romper con la Unión Europea, un escenario conocido en el país como Brexit.

"El beneficio que supondría dejar la Unión se vería superado por los efectos negativos sobre el comercio, ya que se reducirían las transacciones entre el Reino Unido y Europa", señala Thomas Sampson, investigador de la London School of Economics (LSE).

Londres debería firmar nuevos acuerdos comerciales con terceros países, pero "tendría menos poder negociador" fuera de la UE y "difícilmente lograría mejores condiciones", apunta Sampson.

Según los cálculos del investigador, el resultado real de abandonar la Unión Europea para el Reino Unido sería una caída del 1,1 % de su PIB en el escenario más optimista, mientras que las pérdidas serían del 3,1 % en el caso más pesimista: unos 50.000 millones de libras por año (68.500 millones de euros).

Londres podría aspirar a ser parte del Espacio Económico Europeo (EEE) a pesar de estar fuera de la UE, una situación similar a la de Noruega, aunque en ese caso su ahorro sería menor, dado que tendría que continuar contribuyendo al presupuesto europeo.

La cuestión de la independencia de la City de Londres encuentra también un espacio en el programa electoral de los conservadores, que quieren defender la hegemonía de su centro financiero de los "intentos de la UE para restringir su legítima actividad", en referencia al proyecto para establecer una tasa sobre las transacciones bancarias.

Otro aspecto relevante para los euroescépticos británicos es la reducción de la entrada de inmigrantes al Reino Unido, que en 2014 alcanzó las 298.000 personas, una cuestión esencial para decantar el voto en las próximas elecciones para el 14 % de los británicos.

Cameron aspira a negociar con Bruselas límites a la entrada de comunitarios si se asegura un nuevo mandato en Downing Street, a pesar de que sus socios con más peso en la UE se oponen a restringir la libre circulación de ciudadanos.

Con Francia y Alemania en contra de modificar una de las piedras angulares de la Unión Europea, el líder "tory" ha prometido recortar en la próxima legislatura las ayudas sociales a las que pueden optar los europeos que se trasladan al Reino Unido, una medida destinada a desincentivar la inmigración hacia el país.

Los conservadores han trazado además un plan para que Londres deje de estar sujeta a las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la última instancia a la que pueden recurrir los inmigrantes ilegales para permanecer en el país alegando el derecho a una "vida familiar".

Cameron pretende asegurar el derecho a veto del Parlamento británico sobre las decisiones de ese tribunal y está dispuesto a abandonar la Convención Europea de Derechos Humanos si no lo consigue, lo que a su vez podría comprometer la permanencia del Reino Unido en el Consejo de Europa.

"Queremos que Europa ayude al Reino Unido a moverse hacia adelante, no que le impida crecer", reza el programa conservador, que advierte del peligro de que la "integración de la Eurozona" acabe acarreando "desventajas" para el país.

Si bien el sector euroescéptico ha ido ganando peso en el Partido Conservador durante los últimos años, continúa habiendo voces críticas dentro de la formación, como la de Dominic Grieve, exfiscal general del Reino Unido.

Grieve ha advertido en una conferencia en Londres de que la salida de la UE convertiría en "inmigrantes ilegales" a cerca de dos millones de británicos que trabajan en otros países comunitarios.