El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, tendrá a partir del momento en que se apruebe definitivamente la Ley de Refrendos que ayer envió al Parlamento para su aprobación, la potestad de convocar consultas sobre asuntos domésticos o relaciones internacionales, pese a que las competencias sobre las mismas son del Reino Unido.

Fue el propio Fabian Picardo el encargado de presentar el texto ante la Cámara en una intervención en la que reconoció que el objetivo de la norma es "mejorar" la base legal para la celebración de referendos en Gibraltar, como el que se organizó en 2006 para aprobar la nueva Constitución del Peñón o aquel que en 2002 rechazó el proyecto de cosoberanía negociado aunque nunca fue conceretado por Reino Unido y España. Ni Madrid ni Londres dieron validez jurídica a esa consulta.

En aquella ocasión de 2002, recordó Picardo, analistas españoles y británicos coincidieron a la hora de señalar que cualquier referéndum en el Peñón que no estuviese organizado por el Reino Unido carecería de validez legal, opinión que no comparten los gibraltareños.

La ley enviada ayer al Parlamento gibraltareño pretende poner fin a ese vacío legal, al especificar que el ministro principal podrá convocar un referéndum a través de una orden que contendrá la pregunta de la consulta, el porcentaje de votos que se requerirá para que la propuesta sobre la que se consulta salga adelante y la fecha del referéndum. El proyecto de ley también permitirá votar en los referendos a los residentes británicos que no hayan nacido en el Peñón pero que lleven viviendo un mínimo de 10 años seguidos y sin interrupciones en Gibraltar.

Picardo quiso dejar claro que la ausencia hasta la fecha de una ley en Gibraltar que regulara la organización de consultas ciudadanas no convierte en "ilegal" el referéndum de 2006 por el que se aprobó la Constitución del Peñón (éste sí fue aprobado por Reino Unido) ni "pone en cuestión la validez" de la consulta de 2002 sobre la propuesta de cosoberanía. En su opinión, la base legal con la que se organizaron esos referendos no era "todo lo fuerte que podría ser".

El proyecto de ley también permitirá cambiar la edad mínima para votar en cada consulta, según ha explicado el propio Picardo ante el Parlamento, lo que daría concreción a la pretensión anunciada meses atrás de que los mayores de 16 años puedan participar en la consulta.

El m inistro principal aprovechó su intervención ante el Parlamento para asegurar que el presentetexto legislativo "no representa una prueba ni demuestra la credibilidad de las declaraciones antidemocráticas de aquellos que de forma tan bochornosa quisieron silenciar la voz e impedir la voluntad y la expresión de los deseos del pueblo gibraltareño en 2002".