Los eurodiputados del Partido Popular Luis de Grandes y Francisco Millán Mon presentaron ayer ante la Comisión Europea una batería de preguntas relativas a Gibraltar en las que, entre otros asuntos, se interesan por cómo valora el nivel de cumplimiento por parte de Reino Unido de las recomendaciones sugeridas en la lucha contra tráficos ilícitos en el Peñón y qué tiene previsto realizar en el marco de la lucha contra ese contrabando y el blanqueo de capitales. "A pesar de que la Comisión realizó dos visitas técnicas al puesto de control en la Verja de Gibraltar en 2013 y 2014 y envió después una serie de recomendaciones a España y Reino Unido, los incidentes entre las autoridades locales gibraltareñas continúan produciéndose, por falta de cooperación entre ambas", explican De Grandes y Millán, que apostillan: "La OLAF visitó Gibraltar en 2014 y realizó después un informe en el que subrayaba que hay evidencias de que se han cometido delitos de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales que afectan a los intereses financieros y de otra índole de la UE. Debido a los grandes ingresos que Gibraltar obtiene de estas prácticas (30% de su presupuesto), las autoridades locales gibraltareñas no tienen interés en luchar contra ello".

Los eurodiputados preguntan también por el punto en que se encuentra la investigación abierta por el regimen fiscal de Gibraltar: "La Comisión Europea abrió en 2013, tras la denuncia de España un año antes, un procedimiento formal de investigación del Income Tax Act. Gibraltar implantó en 2002 una reforma del impuesto de sociedades que España denunció ante el Tribunal de Justicia de la UE; en 2011 el Tribunal falló a favor de la España y la Comisión por considerar que el proyecto constituía un régimen de ayudas de Estado incompatible con la normativa comunitaria. Pero Gibraltar eludió el mandato y adoptó un nuevo régimen fiscal llamado Income Tax 2010 con el mismo efecto que el anterior: la no tributación de las sociedades que obtengan sus ingresos en el exterior y cuyos beneficios efectivos no son residentes en Gibraltar".

De Grandes y Millán preguntan a la Comisión Europea si considera que Gibraltar y otros territorios británicos de ultramar deberían entrar en una lista negra de paraísos fiscales si en el plazo de seis meses no dan pasos claros en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal y en favor de la transparencia, tal y como expresó Ed Miliband, líder la oposición laborista británica, en una carta remitida entre otros al Gobierno del Peñón.

El PP relata en otra pregunta que "Gibraltar inició en 2014 los rellenos para la construcción de una nueva central eléctrica en el muelle norte del puerto, mediante la instalación de diques de hormigón armado en las diferentes caras del Peñón". "Sin alterar su posición sobre la soberanía española de las aguas adyacentes a Gibraltar", los eurodiputados preguntan a la Comisión Europea "si considera que Reino Unido está cumpliendo con la normativa de la UE y, en particular, con la obligación de informar debidamente sobre sus diversos proyectos de relleno en las aguas adyacentes a Gibraltar en cumplimiento con la Directiva 2011/92/UE". En este sentido, De Grandes y Millán recuerdan que en febrero de 2014, la Comisión respondió a las preguntadas planteadas por el primero "afirmando que había solicitado aclaraciones adicionales a Reino Unido sobre las actividades llevadas a cabo en aguas adyacentes a Gibraltar y, en particular, con el posible incumplimiento de las Directivas 2011/92/UE, 2008/56/CE y 92/43/CEE". Ambos eurodiputados solicitaron ayer a la Comisión información detallada sobre lo planteado en las preguntas y sobre qué medidas va a adoptar ante eso. También se interesan por si la CE ha recibido información detallada sobre el proyecto de construcción de la central eléctrica y si "ha evaluado los riesgos para la población vecina", teniendo en cuenta que Daniel Feetham, líder del principal partido de la oposición en la colonia (GSD), ha señalado que rechaza la construcción "por suponer un riesgo para la seguridad de la población".

Por último, De Grandes y Millán hacen referencia al acuerdo del Cielo Único Europeo y acusan a Reino Unido de "utilizar" el conflicto de Gibraltar para "tratar de conseguir el apoyo de la UE en sus posiciones y bloquear así toda la normativa europea en materia de aviación civil". "El aeropuerto de Gibraltar está situado en territorio (el Itsmo) ocupado ilegalmente por Reino Unido, y el propio TJUE ha reconocido que existe una disputa de soberanía entre dos Estados miembros. El Consejo de Ministros de Transportes del 3 de diciembre 2014 adoptó en el Reglamento SESII+ la posición sobre el contencioso en materia de aviación civil que suspende temporalmente la aplicación de la normativa al aeropuerto de Gibraltar hasta que España y el Reino Unido lleguen a un acuerdo. Es un asunto de Estado que afecta a la soberanía e integridad territorial y que son los Estados miembros quienes tienen que buscar una solución aceptable para ambos", concluyen.