La Comisión Europea anunció ayer que ha ampliado el expediente que abrió en octubre de 2013 contra el régimen del impuesto de sociedades en Gibraltar. Bruselas investigará también a partir de ahora los 165 acuerdos tributarios alcanzados por las autoridades del Peñón con empresas por considerar que podrían incluir ayudas públicas ilegales a sociedades que no generan sus ingresos en Gibraltar.

La extensión de la investigación permite a las partes interesadas presentar sus observaciones y no prejuzga el resultado de las pesquisas, según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado. Si el examen de Bruselas confirma la existencia de subvenciones ilegales, las autoridades del Peñón estarían obligadas a recuperarlas.

El expediente original de Bruselas, abierto a raíz de una denuncia de España, ya detectó que el régimen fiscal de Gibraltar -que data de 2010- podría conceder ventajas indebidas a las empresas extraterritoriales que no tienen presencia real en el Peñón.

Ahora, la investigación se extiende también a una nueva práctica introducida por este régimen, las decisiones tributarias anticipativas, que permiten a las empresas obtener por adelantado la confirmación de si determinados ingresos serán gravados en Gibraltar o no.

La Comisión Europea ha evaluado 165 acuerdos de este tipo concluidos por las autoridades fiscales de Gibraltar con diferentes sociedades en 2011, 2012 y hasta agosto de 2013.

Sobre la base de la información proporcionada por las autoridades de Reino Unido, Bruselas estima que las autoridades fiscales de Gibraltar aprueban estas decisiones tributarias anticipativas "sin evaluar adecuadamente si los ingresos de las empresas son generados o tienen su origen fuera de Gibraltar, en cuyo caso no son imponibles a Gibraltar".

Por este motivo, la Comisión "teme que todas las decisiones anticipativas puedan contener ayudas estatales" y duda de que sean compatibles con las normas de la UE sobre ayudas públicas.

Por su parte, el Gobierno de Gibraltar asegura que la investigación abierta en Bruselas por el régimen fiscal del Peñón incluye "errores básicos" y acusa al comisario de Competencia europeo, Joaquín Almunia, de actuar de forma parcial y "en interés" de España.

En un comunicado, el Gobierno gibraltareño insiste en que Bruselas "sólo está expresando dudas y pidiendo más información", ya que de momento no hay "conclusiones formales".

El Ejecutivo de Fabian Picardo, sin embargo, sí apunta que el anuncio de la Comisión incluye un "error básico", ya que las decisiones tributarias anticipativas ya estaban en vigor antes de la entrada en vigor de la ley fiscal de 2010.

Gibraltar responde así a la "impresión injusta y equivocada" de que sus autoridades fiscales conceden exenciones sin realizar una "evaluación adecuada". Esta hipótesis es "incierta" e "inaceptable", según destaca el Gobierno del Peñón.

La Comisión Europea "teme que todas las decisiones anticipativas puedan contener ayudas estatales" y duda de que sean compatibles con las normas sobre ayudas públicas, algo a lo que Gibraltar responde asegurando que toda su regulación encaja "dentro de los parámetros establecidos" por la UE.

El ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, cuestiona la independencia de las instituciones de la UE y dice tener cada vez menos "confianza" en sus trabajos, toda vez que aquellos órganos en que "los españoles pueden influir en el resultado" terminan pronunciándose de forma "negativa" sobre Gibraltar.

En este sentido, critica los "prejuicios" de dirigentes como Almunia, si bien afirma que su Gobierno trabajará con quien asuma la cartera de Competencia en la próxima Comisión Europea.