El 24 de julio de 2013, hace hoy justo un año, el remolcador Elliot y la barcaza MHB Dole, por orden del Gobierno de Gibraltar, comenzaron a lanzar bloques de hormigón rematados con puntas de hierro en el caladero de pesca ubicado en la zona conocida como Campo de la Virgen, a escasa distancia del espigón exterior del puerto de La Línea. Gibraltar defendía que estaba creando un "arrecife para favorecer la diversidad" pero España lo entendió como una agresión sin precedentes a sus pescadores y a unas aguas que considera suyas y la acción crispó las relaciones hasta destruirlas por completo. Así siguen un año después.

Cuando cada uno de esos 70 mazacotes se hundía en la Bahía, no sólo resucitaba el enfrentamiento latente entre España y Gibraltar -y por extensión, el Reino Unido- por las aguas que rodean al Peñón, sino que comenzaba un periodo de arduo conflicto que ha terminado por agriar las relaciones entre los dos estados, tanto como las que existían entre las poblaciones de la comarca -muy especialmente La Línea- y la de la colonia británica.

Los primeros damnificados por los bloques fueron los pescadores de la comarca, que utilizaban ese caladero de Poniente junto a Gibraltar como área de trabajo, principalmente, como alternativa de pesca durante los días de Levante en los que La Atunara se hace impracticable.

Sólo tres días después de que el hormigón se hundiera, el gobierno de España proclamó que había perdido la confianza en el Ejecutivo de Fabian Picardo y la principal consecuencia comenzó a notarse en el paso fronterizo entre La Línea y Gibraltar: colas aquel sábado de entre siete y ocho horas en la Verja, que de forma intermitente se han ido repitiendo durante todo un año, generando un notable perjuicio económico a los comercios del Peñón y humano a las miles de personas que cada día cruzan de un lado a otro, muchos de ellos trabajadores españoles en Gibraltar que sufren una demoras que no tardaron en llegar a oídos de la Comisión Europea.

Dos veces han venido expertos para comprobar las instalaciones y hacer recomendaciones que agilicen el paso. España defiende que está obligada a realizar controles exhustivos porque el Peñón no pertenece al Acuerdo de Schengen -que sirve precisamente para suprimirlos- y es, además, uno de los principales focos de ese contrabando de tabaco que está asfixiando a los estanqueros españoles. Gibraltar ve los controles como una represalia política, un modo de estrangular su economía porque España, lo que persigue como último fin, es recuperar la soberanía de la Roca.

Con el lanzamiento de los bloques se acabó la convivencia. El Gobierno del Reino Unido, alentado desde Gibraltar, no cesa de protestar por lo que denomina "incursiones" de la Guardia Civil o la Armada española en lo que entiende que son sus aguas. El conflicto diplomático derivó en el planteamiento de unas reuniones ad hoc sobre asuntos "domésticos" que dejaran al margen la soberanía. Dos banderas, cuatro voces. Diálogo. La crispación es tal que siguen sin convocarse.

Entre llamadas a los embajadores, conversaciones incluso entre los presidentes, denuncias ante la ONU y la Unión Europea, etcétera, la voz del ministro principal de Gibraltar se levantó siempre para caldear los ánimos. Se negó desde un principio a plantearse siquiera la posibilidad de retirar los bloques ("cuando el infierno se hiele", dijo) y se mostró muy crítico con las autoridades españolas y especialmente con la Guardia Civil, a la que llegó a acusar de "disparar a gibraltareños inocentes".

La 'guerra' de los bloques no cesa ni en el día de su cumpleaños. Ayer mismo, el alcalde de Algeciras y diputado del PP, José Ignacio landaluce, los llamó "los bloques de la maldad" y criticó a Picardo por no haberlos retirados hace ya mucho tiempo.