El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales dictaminó ayer a favor del Gobierno de Gibraltar en el proceso iniciado por la demanda presentada en su contra por la constructora española Obrascón Huarte Lain SA (OHL), que estaba encargada de las obras del túnel bajo el aeropuerto hasta que el 20 de agosto de 2011 el Ejecutivo rescindió el contrato por incumplimiento de varias cláusulas.

OHL reclamaba más de 32 millones de euros. En concreto eran 20 millones de libras por los trabajos realizados hasta la anulación, pérdida de beneficios, costes de financiación y gastos derivados del personal, más otros seis millones y medio en concepto de indemnización por incumplimiento del contrato. Esta fue la mayor denuncia por daños jamás presentada en contra del Gobierno de Gibraltar.

El veredicto presentado ayer es completamente favorable al Gobierno de Gibraltar en el punto central de la rescisión del contrato de OHL en aquel verano de 2011 en el que el ministro principal era Peter Caruana. Según este fallo, el Gobierno rescindió correctamente el contrato y en virtud de las clausulas 15.3 y 15.4 del contrato con OHL, tiene derecho a recuperar todos los costes asociados con la rescisión del mismo y los gastos para completar el proyecto que superen el coste originalmente estipulado contractualmente. Dicho coste superaba las 30 millones de libras en el momento del concurso público.

Estas pérdidas deberán ser cuantificadas más adelante mediante lo que se conoce como una vista de cuantía, pero, según el Ejecutivo, "es razonable asumir que el resultado será la mayor indemnización por daños y perjuicios recibida jamás por el Gobierno de Gibraltar". Ayer, en Londres, el juez entregó su veredicto y requirió que ambas partes comparezcan ante él más adelante para establecer los próximos procedimientos y ordenes derivados del fallo. El Gobierno de Gibraltar entiende que OHL tiene el derecho de apelar esta decisión y él también buscará recuperar los sustanciales costes derivados del proceso hasta la fecha.

Las obras para completar un túnel bajo la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Gibraltar comenzaron en 2008 y su finalización estaba prevista para 2010.

Para mantener la seguridad de los vuelos, ha sido necesario volver a asfaltar la parte de la pista en la zona en construcción, pero el Gobierno siempre ha expresado claramente su intención de completar las obras del túnel bajo la pista. Se ha iniciado de hecho un proceso de pre-calificación para un concurso público destinado a determinar qué empresas podrían estar capacitadas para completar las obras, partiendo de su estado actual. El Gobierno espera que el proceso pueda avanzar rápidamente y que las obras para completar el túnel y los accesos puedan volver a retomarse lo antes posible.

Dada la importancia económica de la decisión del juez Akenhead, el ministro principal, Fabian Picardo, informó al líder de la oposición, Daniel Feetham, y a Caruana del resultado del fallo. El proyecto del túnel se inició durante su última legislatura en el cargo y la terminación y los sucesos que la Corte ha investigado tuvieron lugar durante sus últimos seis meses como ministro principal.

El Gobierno destacó que "la actual Administración ha trabajado muy duro en todos los aspectos de este caso" y agradeció al equipo legal del bufete Triay Stagnetto Neish en Gibraltar, con Guy Stagnetto como socio a cargo del caso, con el apoyo de Nick Culatto. Edward Corbett fue el abogado del Gobierno en el Reino Unido, junto con Nicholas Denny, Fiona Parkin y Simon Crawshaw. También manifestó su agradecimiento a los testigos que comparecieron para declarar a favor del Gobierno, en especial, a Michael Gil,recientemente jubilado jefe de Asuntos Técnicos del Gobierno.

Este proceso comenzó en mayo de 2012, seis meses después de que el actual ministro principal asumiese el cargo, cuando la empresa inicio el proceso legal. En aquel momento también se anunció que el Gobierno presentaría una contrademanda en el mismo procedimiento por los daños sufridos por Gibraltar como resultado del incumplimiento de OHL al no completar los trabajos contratados en forma y tiempo.

Tras obtener asesoramiento, el Gobierno propuso que las acciones fuesen presentadas ante un tribunal especializado en Londres, establecido para resolver disputas en el sector de la construcción. Las vistas se celebraron entre los meses de noviembre y diciembre del año pasado y enero de este año. Cada una de las partes presentó a siete testigos, además de otras declaraciones presentadas mediante Declaraciones por Escrito de Testigos. Además, el Tribunal escuchó las declaraciones de peritos de ambas partes.