El pleno de la Eurocámara dio ayer luz verde a un paquete de medidas para impulsar el Cielo Unico Europeo, un modelo de gestión del tráfico aéreo que trata de acabar con la fragmentación del espacio aéreo en Europa, que está sufriendo grandes retrasos en su aplicación. Tal y como defendió el Gobierno de España, y pese a la oposición de los conservadores británicos, los eurodiputados decidieron excluir de estas medidas al aeropuerto de Gibraltar.

El portavoz adjunto del PP en la Eurocámara y portavoz de la Comisión de Transportes, Luis de Grandes, celebró el voto de la Eurocámara "después de la campaña de falsedades vertidas por un eurodiputado liberal británico, que ha llegado a decir que la nueva normativa ponía en riesgo la seguridad aérea".

El eurodiputado popular confía en que el proyecto aprobado sirva "para alentar un nuevo lenguaje que supere la colisión entre la llamada Declaración de Londres de 1987, que deja en suspenso la aplicación de las normas sobre tráfico aéreo al aeropuerto de Gibraltar, y la llamada declaración de Córdoba, que impulsada, en su día, por el exministro de Exteriores socialista Miguel Ángel Moratinos, tuvo que ser impugnada posteriormente por el actual gobierno de España".

"Es hora de que Londres sea consciente de que los incidentes que unilateralmente está provocando el Ministro Principal de Gibraltar están afectando a las naturales y deseables relaciones de amistad entre España y Reino Unido", recalca en un comunicado. La eurodiputada conservadora británica Jacqueline Foster criticó en cambio que la normativa respaldada por la Eurocámara discrimina a Gibraltar, algo que ha calificado de "indignante y movimiento provocador".

"Los conservadores están indignados por una cláusula adicional inspirada por los españoles al informe de la Comisión de Transportes del Parlamento que excluye a Gibraltar, que es una parte del Área de Aviación Único, totalmente de las propuestas", explicó la eurodiputada en un comunicado, en que justificó el voto en contra de los conservadores "por el hecho de que la mayoría del Parlamento rechazó reconocer la soberanía del Aeropuerto de Gibraltar". El Gobierno de Gibraltar lamentó la decisión.

La propuesta, que todavía debe ser pactada con los Gobiernos, refuerza las normas de control al dar a las autoridades de aviación nacionales más independencia y permite a la Comisión Europea designar a un organismo imparcial e independiente para ayudarles a cumplir los objetivos de rendimiento de seguridad, reducción de la contaminación, capacidad y eficiencia del coste, que Bruselas quiere que se fijen de forma más independiente, para mejorar los servicios y reducir costes.

La Comisión Europea recuerda que las auditorías de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) han mostrado grandes deficiencias en el control de las organizaciones del tráfico aéreo en los Estados miembros y por ello ha propuesto la separación tanto a nivel de organización como presupuestario de las autoridades nacionales de supervisión y las organizaciones de control del tráfico.

Igualmente, la propuesta prevé una cooperación más flexible entre las autoridades nacionales, las compañías de servicios de navegación aérea y las aerolíneas con el objetivo de reducir la actual fragmentación en la gestión del tráfico aéreo en función de las fronteras y mejorar así el servicio.