Ayer se cumplieron 300 años de la firma del Tratado de Utrecht por el que España cedió Gibraltar al Reino Unido, una fecha a la que el Gobierno español no ha querido darle trascendencia alguna, otorgándole así un perfil bajo. Por el contrario, el Ejecutivo del Peñón sí lo ha conmemorado en un giro contradictorio, pues las autoridades gibraltareñas llevan años defendiendo que Utrecht, rubricado el 13 de julio de 1713, es un tratado obsoleto con el fin de dejar sin validez el derecho de retrocesión.

Transcurridos tres siglos desde la rúbrica de aquel documento, cuyo artículo X reconoce el derecho a "redimir" a España de su pérdida en el caso de que al Reino Unido "le pareciese conveniente dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad de la ciudad de Gibraltar", el Peñón está en 2013 lejos de ser lo que recoge el tratado.

Así, Utrecht cedió "la plena y entera propiedad de la ciudad y castillos de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno". No obstante, el Peñón fue cedido "sin jurisdicción alguna territorial, (…) y sin comunicación abierta con el país circunvecino por parte de tierra".

La realidad actual es bien distinta. En 1783 y tras fracasar la invasión española, Londres reanudó la ocupación del terreno neutral, aunque no fue hasta 1838 cuando el área empezó a ser administrada por el Reino Unido. A principios del siglo XX, en 1909, los británicos construyeron una cerca de siete pies de altura, la conocida como Verja de Gibraltar, consagrando así la ocupación de más de 800 metros del istmo, situado en territorio neutral. De esta forma, Londres se apropió de más de la mitad de un terrero cuya neutralidad había sido acordada en el siglo XVIII. España, cuya permisividad en el avance británico fue innegable, considera esta zona como usurpada pues nunca fue cedida.

En 1938, justo antes de estallar la II Guerra Mundial, se aprobó la construcción de un aeropuerto militar sobre el istmo cuya pista de aterrizaje se introducía más de 800 metros en la bahía de Algeciras, en una nueva interpretación unilateral de Utrecht por parte de Londres. Durante el conflicto bélico, Gibraltar fue la base de las operaciones militares británicas entre el Atlántico y el Mediterráneo, convirtiéndose en un punto de escala vital para los aliados. El Peñón fue uno de los pocos territorios de la Europa continental que no fue ocupado.

Pero el avance no cesó ahí, pues una política similar se siguió respecto a las aguas. De forma progresiva, el Reino Unido fue incrementando esas aguas, basándose en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que permite llegar a un límite de doce millas náuticas. España ha considerado y considera esa ampliación contraria a derecho al contravenir Utrecht y, por tanto, sólo reconoce al Reino Unido las aguas del puerto y el espacio aéreo situado sobre la vertical del Peñón, cuyas autoridades siguen hoy día ganando terreno al mar. Prueba de ello son los rellenos que desde hace años llevan realizándose en la Zona Este de Gibraltar, donde estaba prevista la ejecución de un macroproyecto ideado por Norman Foster que nunca llegó a hacerse.

La disputa sobre las aguas que rodean el Peñón alcanzó ya en este siglo una nueva dimensión tras aprobar la Unión Europea el Lugar de Importancia Comunitaria Southern Waters of Gibraltar, que otorga al Reino Unido el control ambiental sobre unas 5.000 hectáreas de mar. Poco después y a instancias de España, Bruselas dio luz verde al LIC Estrecho Oriental, que incluye el LIC anterior.

Desde entonces, las autoridades comunitarias han instado a ambos países a colaborar en la protección ambiental de las hectáreas de mar que se superponen, pero muy al contrario el termómetro de la tensión diplomática no hecho sino subir.

Gibraltar y el Reino Unido consideran una incursión la entrada de cualquier embarcación oficial española en las aguas que rodean el Peñón, pues son la Policía gibraltareña y la Armada británicas quienes ejercen control, jurisdicción y soberanía sobre las mismas. España, que no reconoce estos extremos, defiende ese tránsito al considerar que las aguas son españolas.

Este conflicto ha salpicado especialmente a los pescadores de La Línea y Algeciras, que desde el año 1999 venían faenando en dichas aguas tras el acuerdo alcanzado por autoridades de ambos lados de la Verja. A su llegada al número 6 de Convent Place a finales de 2011, Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, dejó en suspenso dicho acuerdo alegando que algunas de las artes utilizadas por los pesqueros españoles están prohibidas según la normativa ambiental del Peñón. Desde entonces han sido muchos los incidentes, especialmente entre la Policía de Gibraltar y la Guardia Civil, que suele acudir a escoltar a los pesqueros cuando éstos se acercan a Gibraltar. Más de un año después del inicio del conflicto pesquero, aún no se ha llegado a una solución.