El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se refirió durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Nación a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Rodríguez Zapatero afirmó que la hará cumplir, pero que intentará a la vez recuperar los aspectos que consideró anulados por razones de forma. Según explicó, analizará con la Generalitat cómo recuperar esos artículos "por el cauce constitucionalmente procedente", que no especificó. Según aseguró, el PP es responsable de la "incertidumbre" que se ha vivido durante cuatro años, por un recurso que "cuestionaba globalmente y de raíz" el Estatut. 

"El Tribunal ha dictado su sentencia. Naturalmente, la acato, la cumplo y la haré cumplir", dijo. Según señaló, ahora es su "obligación" contribuir al "desarrollo y aplicación del Estatut y para ello analizará con la Generalitat "la posibilidad de que algunos de los aspectos que han sido declarados inconstitucionales no por razones de fondo, sino del tipo de norma" puedan ser abordados "como indica el propio Tribunal, por el cauce constitucionalmente procedente". 

Zapatero dejó claro que actuará así no sólo por obligación, sino como muestra de que su Ejecutivo "no recela del autogobierno, sino que lo reconoce, y que no teme la fuerte identidad política de Cataluña, sino que la respeta". 

Adelantándose a las intervenciones de los grupos catalanes, el jefe del Ejecutivo ha remarcado que "siempre" ha creído en la "diversidad de España" y en la "convivencia respetuosa". 

Además, culpó al PP y a su recurso que "cuestionaba globalmente y de raíz" el Estatuto, de la "incertidumbre" vivida durante cuatro años y ha reconocido que le hubiese gustado que la sentencia no se hubiese demorado tanto. 

Sin embargo, estimó que finalmente ésta es "un respaldo al proceso general de renovación estatutaria" en toda España. "El Tribunal ha respaldado globalmente la constitucionalidad del Estatut, frente a la impugnación global de los recurrentes", recalcó. 

En todo caso, opinó que los cuatro años en los que el Estatuto se ha aplicado hasta que el TC se ha pronunciado han servido "para comprobar que con el Estatuto no se reformaba la Constitución por la puerta de atrás, que con el Estatuto no se rompía España, que el Estatuto no preveía un sistema de financiación injustificado, que el Estatuto no consagraba discriminaciones entre los españoles". 

El jefe del Ejecutivo recordó que hubiese preferido que todos los grupos políticos hubiesen acordado el Estatut en 2006, argumentando que éste debió ser "desde su misma gestación, un instrumento de convivencia y no de confrontación". Para ello, avisó, hacía falta respetar tanto la Constitución como la voluntad de reforma de los catalanes. 

"Había que haber sido tan respetuoso con la necesidad de su adecuación a los procedimientos y reglas constitucionales como con la voluntad de reforma expresada por los ciudadanos de Cataluña", advirtió a los grupos políticos. 

Así, defendió que su Gobierno fue "receptivo a esa rotunda voluntad democrática de reforma" y que después ha contribuido, como ha hecho con todos los Estatutos autonómicos, a desarrollar y aplicar la reforma. El PSOE, recalcó, respaldó el Estatut en las Cortes y con él la "voluntad muy mayoritaria de la sociedad catalana de renovar el autogobierno de Cataluña y de reafirmar su identidad política en el marco de la Constitución. 

A su juicio, el Estatut "responde lealmente a la aspiración a mayores cotas de autogobierno" que la sociedad catalana "siente profundamente como muestra de su propia identidad" y para hacer realidad esa convivencia en la diversidad es necesario "aprovechar las oportunidades" que ofrece tanto el Estatut como todos los Estatutos de autonomía de nueva generación.