La Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a seis meses de prisión al ex alcalde de Ribadesella (Asturias) José Miranda Reigada (PP) y a su mujer, Irene Vidal, por delito contra la ordenación del territorio y a demoler la vivienda que construyeron en 2002 en una reserva natural.

Así lo acuerda la Audiencia en una sentencia en la que además les impone por el mismo delito una multa de doce meses con una cuota diaria de diez euros para cada uno de ellos y les inhabilita para toda actividad relacionada con la construcción mientras dure la condena.

La Audiencia estima de esta forma el recurso del fiscal y de forma parcial el de la acusación ejercida por un particular contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, que tan sólo les impuso a cada uno quince meses de multa con cuota diaria de diez euros y a la inhabilitación para empleo y cargo público durante ocho años por prevaricación, en el caso de la mujer como cooperadora necesaria.

La Sala confirma también esta pena al desestimar el recurso de los condenados.

La Audiencia fundamenta que José Miranda sabía la envergadura real de las obras a efectuar y que de hecho se llevaron a término, que superaban ampliamente una mera rehabilitación, al conformar en sí mismas una auténtica construcción en zona no urbanizable de especial protección.

Agrega que en este caso "no debe olvidarse que constituye un ataque a un suelo doblemente protegido por razones ecológicas y paisajísticas" y que "realizar construcciones destinadas al uso residencial no autorizadas ni autorizables constituye una conducta que reúne la gravedad suficiente".

Además, para ello se valieron "de una licencia declarada nula por la jurisdicción contencioso-administrativa".

La Sala recuerda que la licencia anulada es de 16 de octubre de 2002 y fue solicitada por Irene Vidal para reparar los muros y el tejado de una instalación auxiliar (llagar) en Sardeu (Ribadesella), de la que igualmente es propietario su marido, que ostentaba la condición de alcalde.

Destaca que se trataba de "enmascarar la realidad de la obra que se pensaba acometer", como para "reparar unas ruinas presupuestadas en 2.450 euros", para las que sólo bastaba la autorización de la Alcaldía, como así se hizo "al ser aprobadas por el propio José Miranda", que debió abstenerse por la relación de parentesco con la solicitante.

Así, evitó la intervención de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, que era al que le correspondía la autorización al tratarse realmente de una nueva construcción la Reserva Natural Parcial de Cova Rosa, destaca el tribunal.

Explica que es una nueva construcción "de mayor envergadura a la inicialmente solicitada produciéndose además un cambio de uso de agrícola a vivienda", y realmente se trataba de "levantar una nueva construcción auxiliar de una explotación de turismo rural".

Para la imposición de la pena, la Audiencia tiene en cuenta "la capacidad económica de ambos acusados, que cuentan con una explotación de turismo rural".