Bajo el lema Por la dignidad económica y profesional, alrededor de 20.000 policías y guardias civiles, según cifras de los organizadores, se manifestaron ayer en Madrid para exigir al Gobierno subidas salariales y su equiparación a la de los efectivos de los agentes autonómicos.

Las amenazas lanzadas por el Ministerio del Interior de sancionar a los guardias civiles que acudieran no impidieron que los principales dirigentes de los sindicatos de la Policía y de algunas asociaciones de guardias civiles asistieran y encabezaran la marcha. "La presión no ha sido suficiente porque aquí estamos todos. No tenemos miedo. El miedo lo debería tener el señor ministro por tener a la Guardia Civil y a la Policía cabreadas por el incumplimiento de las promesas", proclamó durante la movilización el secretario general de la Unión de Guardias Civiles, Manuel Mato.

Durante el recorrido se escucharon múltiples gritos en contra del Gobierno como "Zapatero Pinocho", que se incrementaron al llegar a la altura del Ministerio del Interior, en donde la marcha se detuvo para corear durante unos minutos los cánticos de "Rubalcaba dimisión, Ministro escucha, la poli está de lucha o Rubalcaba, la poli no te traga".

Los manifestantes, que llegaron de todas las comunidades autónomas en un total de 180 autobuses, portaban pancartas con el lema: " Equiparación salarial, derecho sindical o No más mentiras. Basta de explotación".

En esta ocasión y a diferencia de la otra gran manifestación organizada en 2006, los guardias civiles y policías optaron por vestir de paisano, y sólo se vio algún tricornio entre los asistentes. Sin embargo, la manifestación iba encabezada por cuatro maniquíes ataviados con los trajes típicos de la Guardia Civil y la Policía desde la época del franquismo.

"Nos restringen la posibilidad de manifestarnos como cualquier ciudadano, aunque vengamos de paisano. Esto es denunciable y se denunciará", recriminó el portavoz de la Unión Federal de Policías, Alfredo Perdiguero.

Los principales sindicatos de Policía y asociaciones de la Guardia Civil (SUP, CEP, AUGC, UFP, SPP, UGC) informaron que las diferencias salariales entre los policías y guardias civiles de las Fuerzas de Seguridad del Estado con respecto a los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza puede llegar a duplicarse. Explicaron que un policía nacional puede cobrar una media de 1.400 euros al mes, mientras que los agentes locales y autonómicos perciben una media de 2.000 euros. "Los continuos trasvases que está haciendo el Ministerio del Interior en los Presupuestos Generales para financiar otras policías está dando lugar a la ineficiencia de los acuerdos", afirmó López.

El Ministerio de Interior, a pesar de que durante el discurso los organizadores proclamaron que en la plaza de Colón, lugar donde culminó la manifestación, se encontraban más de 25.000 personas, cifró la asistencia en únicamente 7.000 personas.

Durante el discurso, a cargo del portavoz del portavoz de la Unidad de Acción Sindical, José Antonio Fuentes Gago, se pidió "respeto, libertad, derecho y un salario justo". Fuentes Gago gritó ante la multitud que los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado no se rendirán, porque se trata de una "demanda justa", por lo que no aceptarán una resignación. "No hay negociación, no hay diálogo, se abren expedientes, no se cumple la ley, no se convoca al Consejo de Policía, se recortan derechos sindicales reconocidos legalmente y se usa toda la capacidad de transmisión a la sociedad que produce ser ministro del Interior para intentar silenciar el conflicto con artes de dudosa catadura democrática", manifestó.

El portavoz informó que se han visto obligados a presentar denuncias y querellas penales contra sus gestores políticos y superiores jerárquicos. Por lo que están a la espera de que los tribunales de Justicia "pongan en evidencia que el ministro no ha respetado los derechos a la actividad sindical en la Policía".

Por último, Fuentes Gago hizo públicas, ante la ovación de todos los asistentes, las exigencias del colectivo.

Los policías y guardias civiles exigen regulación de la actividad con aumentos salariales, respeto profesional, jornadas laborales que permitan conciliar la vida laboral con la familiar, una carrera profesional con controles y garantías democráticas para el ascenso y, por último, garantías jurídicas mínimas para desarrollar su trabajo.