Las tres leyes de ruptura que anunciaron Junts pel Sí (JxSí) y la CUP no empezarán a tramitarse de momento, ya que la Junta de Portavoces del Parlament aceptó ayer la propuesta del resto de grupos de reclamar a los servicios jurídicos de la Cámara catalana un informe para saber si se podía contravenir la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la resolución del 9 de noviembre en la que se anunciaba precisamente la redacción de estas leyes.

Según explicó el vicepresidente de la Mesa, José María Espejo-Saavedra (C's), en declaraciones a los medios, los grupos parlamentarios de JxSí y la CUP presentaron ayer la petición de creación de las ponencias, que fue admitida a trámite, pero el resto de formaciones solicitaron que los servicios jurídicos del Parlament se pronuncien sobre su legalidad.

Las reticencias de los grupos de la oposición que provocaron la petición del informe jurídico parten de la fórmula escogida por los grupos impulsores: una ponencia conjunta.

La Junta de Portavoces, con mayoría de JxSí y la CUP, ha presentado la fórmula de ponencia conjunta para tramitar las leyes pero desde la oposición se ha entregado un documento a la Mesa reprochando que se incurre en un "fraude de ley por haber apelado al artículo 126 del reglamento del Parlament para la realización de ponencias conjuntas", cuando la mayoría de grupos han manifestado que no están de acuerdo con formar parte de ellas.

Desde la oposición consideran que la fórmula adecuada para tramitar esas leyes debería haber sido o bien que el Govern presentara un proyecto de ley o bien que los grupos hagan una proposición de ley, pero no hacer una ponencia conjunta sobre algo con lo que no están de acuerdo.

Ahora habrá que esperar el informe jurídico y la reunión que celebre el próximo martes la Mesa del Parlament, aunque parece que se atenderá la petición de las dos formaciones independentistas y que empezarán a tramitarse las tres leyes: de transitoriedad jurídica, de la Hacienda catalana y de la Seguridad Social.

El conseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva, indicó ayer por su parte que entre sus principales objetivos figura el de lograr que Cataluña "tenga voz propia en el mundo, sin intermediarios", así como fomentar el diálogo institucional.