Caso Gürtel

Las defensas alegan vulneración de derechos y piden la suspensión del juicio

  • Comienza el juicio de la pieza 3 del caso Gürtel, sobre contrataciones en Fitur entre 2005 y 2009. La Fiscalía solicita la declaración de un nuevo testigo, un trabajador de Orange Market.

Las defensas de algunos de los trece acusados en el juicio del caso Gürtel por los contratos de la Generalitat con esta trama para realizar el expositor de la Comunidad Valenciana en Fitur han reclamado la nulidad del juicio por la vulneración de derechos de los acusados. Los abogados defensores han argumentado vulneración de derechos fundamentales, detenciones ilegales, intervención de las comunicaciones telefónicas, derecho a la intimidad y vulneración del derecho de defensa.

En la primera sesión de este juicio, dedicada a cuestiones previas, la Fiscalía ha solicitado la declaración como testigo de Juan Carlos Rincón, trabajador de Orange Market en "la primera época", en 2005, que podría aportar información relevante respecto a la organización de la presencia de la Comunidad en Fitur. En este proceso, una de las seis piezas abiertas por financiación ilegal del PP valenciano, se juzgan delitos de por delitos de falsedad, prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias que supuestamente se produjeron en el proceso de contratación de la Generalitat con Orange Market.

Se sientan en el banquillo dos ex consejeras durante el gobierno de Camps: Milagrosa Martínez y Angélica Such; Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de Turismo, condenado por la causa de los trajes, y varios cargos intermedios: Jorge Guarro y Juan Bover, jefes del servicio de Promoción; Isaac Vidal, jefe del área de Mercados, y Ana Grau, coordinadora de ferias de la AVT. También los cabecillas de la trama Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Cándido Herrero, junto a las empleadas de Orange Market Isabel Jordán y Mónica Magariños.

El abogado defensor de Francisco Correa y Cándido Herrero ha planteado inicialmente la nulidad, a la que se han adherido el resto de las defensas, por las detenciones ordenadas por Baltasar Garzón, que excedieron, según ha denunciado las 72 horas, y determinados autos que autorizaron la intervención de teléfonos, entre ellos varios del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Este letrado de la defensa ha citado el caso Blasco, enjuiciado en este mismo tribunal, para solicitar que, a diferencia que en aquella ocasión, las cuestiones de nulidad sean resueltas de forma previa, por afectar a derechos fundamentales.

Respecto a la citación del testigo propuesto por la fiscal, la ha considerado "interesante", porque "ha sido un testigo protegido" y ha insistido en su intención de demostrar que en el denunciante original del caso, el ex concejal del PP de Majadahonda, José Luis Peñas, existió un "ánimo de venganza" y "pudo manipular las conversaciones" en las que sustentó su denuncia.

El letrado de Pablo Crespo, el ex director de la ONCE Miguel Durán, ha recusado a uno de los tres magistrados que componen la sala, Juan Climent, (los otros dos son Pilar de la Oliva, presidenta de la sala y del TSJCV, y Antonio Ferrer) por haber ocupado un cargo de responsabilidad en la Generalitat con el Gobierno socialista de Joan Lerma junto con Ximo Puig, líder de los socialistas valencianos personado en la causa a través de la acusación popular. "Por presunciones de menor fuste hay personas aquí sentadas", ha afirmado Durán, quien ha recomendado a la sala responder a estas cuestiones previas para evitar que, ante el triunfo de un hipotético recurso posterior, "el pueblo pueda decir que por una rendija o por otra se iban a escapar los de Gürtel".

Asimismo, ha propuesto a la sala modificar el orden procesal, como ya se hace en algunos tribunales, para que los acusados declaren tras la fase testifical para incrementar sus garantías. "Atrévanse a innovar en coherencia con el proyecto de un nuevo código procesal penal", ha pedido, aunque ni esta solicitud ni la relacionada con el cambio de orden procesal han sido secundadas por la totalidad de las defensas. En cambio, ha sido generalizada la protesta  por la reciente incorporación a la causa de documentación que no estaba a disposición de las partes en el momento de formular escritos de acusación y defensa.

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