España

Leyes a granel en el Congreso

  • Luz verde a la ley de control financiero de los partidos, del alto cargo y reforma del Código Penal

Tres de las leyes que sostienen el Plan de Regeneración Democrática, que anunció hace dos años el presidente Rajoy, obtuvieron ayer el visto bueno definitivo del Congreso, tras un debate marcado por el auto con el que hace tres días el juez Pablo Ruz finalizó la instrucción del caso Bárcenas.

"Nadie entendería que apoyásemos a un Gobierno que ni comparece ni asume responsabilidades cuando la justicia ha constatado la financiación ilegal, al menos durante dieciocho años, del partido que lo sustenta", dijo el socialista Antonio Pradas en un debate al que no asistió ningún representante de UPyD.

Unas acusaciones rechazadas de plano por el popular José Antonio Bermúdez de Castro, que ha reprochado a la oposición su actitud de "dictar sentencias condenatorias anticipadas, confundiendo intencionadamente un auto de instrucción con una sentencia".

Más allá de los cruces de reproches, ayer quedó tipificado por primera vez el delito de financiación ilegal de los partidos, prohibidas las donaciones de empresas a estas formaciones y fijados los requisitos de honorabilidad de los altos cargos.

Son algunas de las medidas de la ley de control económico-financiero de los partidos, del ejercicio del alto cargo y de la reforma del Código Penal, que se aprobaron on el apoyo del PP, y también de CiU y PNV en el caso de las dos primeras.

Con la sombra de los llamados papeles de Bárcenas en el horizonte, a partir de ayer se prohíbe a los partidos aceptar donaciones de empresas y anónimas, condonaciones de sus deudas y créditos en condiciones más ventajosas que las del mercado.

La Ley de control también fija en 50.000 euros, la mitad que ahora, la donación máxima que podrán hacer a los partidos las personas físicas.

Además, las formaciones políticas estarán obligadas a publicar en su web las donaciones superiores a 25.000 euros y a comunicarlas al Tribunal de Cuentas.

La ley del alto cargo crea la Oficina de Conflictos de Intereses, que elaborará informes sobre la situación patrimonial de los altos cargos tras su cese, con el fin de detectar indicios de enriquecimiento. El texto prohíbe a los altos cargos el uso de las tarjetas de crédito, limita sus gastos de representación y les impone un máximo del 10% de acciones en empresas vinculadas con el sector público.

Con los votos a favor del PP y toda la oposición en contra, la Ley de Seguridad Ciudadana fue también aprobada ayer definitivamente por las Cortes.

Sucesora de la llamada ley Corcuera o de la patada en la puerta de 1992, la nueva norma, que entrará en vigor en julio, prohíbe por ley las redadas policiales indiscriminadas o por razones étnicas, pero permite la identificación de las personas que tengan total o parcialmente cubierto el rostro. Regula los cacheos y fija en un plazo máximo de seis horas el traslado y estancia en comisaría para la identificación de personas sólo en supuestos excepcionales y cuando no sea posible acreditar esta identificación por medios físicos o telemáticos.

Desde las filas del PSOE, de la Izquierda Plural y el Grupo Mixto vaticinaron que la ley "mordaza" tiene "los días contados" y que "se pone a la cola" de otras normas que serán derogadas en cuanto cambie la mayoría de fuerzas políticas en el Parlamento.

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