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El vicealcalde de Valencia será juzgado por el caso Nóos

  • Alfonso Grau está imputado por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad de documento oficial.

El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, será juzgado por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad de documento oficial en el marco del caso Nóos.

La Audiencia de Palma ha estimado el recurso interpuesto por el grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia contra el auto del juez José Castro que excluyó a Grau de la lista de acusados que se sentarán en el banquillo por la presunta trama corrupta en torno a la actividad de Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres. En un auto emitido este lunes, el tribunal provincial ratifica la decisión y los argumentos que ya empleó el pasado 7 de noviembre al corregir el sobreseimiento de la imputación de Grau dictado por Castro en el escrito de pase a procedimiento abreviado. Además, ordena al juez instructor conceder "con la mayor diligencia" un plazo para que el vicealcalde presente su escrito de defensa. Precisamente esta mañana, Castro ha comunicado a los otros 17 acusados que tienen hasta el 1 de abril para argumentar su defensa y aportar las fianzas de responsabilidad civil que les ha requerido.

La Audiencia de Palma considera que de las actuaciones practicadas se desprende que Grau "fue impulsor de la concertación" entre la Fundación Turismo de Valencia Convention Bureau (FTVCB), que él preside, y el Instituto Nóos para organizar tres foros sobre deporte y diseñar la candidatura para unos Juegos Europeos, servicios por los que la entidad de Urdangarín y Torres cobró 3,5 millones de euros. Los magistrados entienden que Grau promovió los contratos "tanto de modo activo como por omisión, pese a ostentar una posición de garante de los fondos públicos que manejaba la Ftvcb".

La Audiencia reitera en que, aunque materialmente la fundación actuaba como una entidad privada, "se refugiaba" en esa naturaleza jurídica "pese a que en realidad era de interés público, para burlar las normas de contratación, las cuales, cuando menos a partir de marzo de 2005 (el convenio para el segundo foro Valencia Summit se firmó en octubre de ese año), le eran de obligado cumplimiento". Agrega la sala segunda del tribunal provincial que, en cualquier caso, el conocimiento de Grau sobre cuáles eran las obligaciones de la fundación que presidía es una cuestión que debe dilucidarse en un juicio. "Respecto a las dudas que pudieran existir en cuanto a la naturaleza pública de la fundación, se trata de un problema de dolo, o más bien de error, como aspecto negativo al mismo", incide. Apoya su decisión además en testimonios de miembros del patronato de Ftvcb que señalaron que era la dirección del organismo la que proponía las decisiones a adoptar en las juntas de patronos, lo que se hacía con escasa información y sin votaciones.

Abunda en que "la participación del imputado señor Grau deriva tanto del compromiso económico del Ayuntamiento, como porque para llevar a cabo el proyecto era necesaria la participación del consistorio y ésta estaba ya comprometida desde el momento en que (la alcaldesa) Rita Baberá remite a Urdangarín y Diego Torres a la Ftvcb y la Cacsa (Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA)". Como es habitual en la sección segunda de la Audiencia de Palma, el auto que ha dictado hoy se adelanta a la fecha de deliberación que había fijado inicialmente para el 7 de mayo, lo que justifica en "razones de orden interno". Contra la decisión, adoptada por unanimidad por los magistrados Diego Gómez-Reino, Juan Jiménez Vidal y Mónica de la Serna, no cabe recurso. Mientras, Grau ha conocido la noticia poco después de haber presenciado desde el balcón del Ayuntamiento de Valencia la segunda "mascletà" de las Fallas 2015.

El vicealcalde ha explicado: "Lo que me ha llegado es una nota escueta de que la Audiencia le dice a -José- Castro (juez instructor del caso) que me dé un plazo de veinte días hábiles para presentar un escrito de defensa". "No sé hasta cuándo durará esto. Idas y venidas, unas veces entrar y otras salir y volver a entrar", ha apuntado Grau, en referencia a que durante la instrucción del caso ha estado varias veces imputado y luego sobreseída su causa. Por ello, ha reconocido que no hace "valoraciones" y se "limita a responder al día a día".

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