El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha dado "un paso más hacia ninguna parte" al anunciar sus planes de convocar elecciones plebiscitarias en busca de la independencia, y considera que, en este contexto, Cataluña padece un "déficit de gobierno" frente al cual el Estado seguirá garantizando la prestación de servicios en esa comunidad y el pago a sus proveedores. 

De esta forma ha respondido a Artur Mas que, en una multitudinaria conferencia en Barcelona, dijo en la noche del martes que estaría dispuesto a adelantar las elecciones autonómicas si se elabora una única lista de consenso "amplia, transversal, fuerte y con un programa" formada por partidos y representantes de la sociedad civil para construir un nuevo Estado catalán en 18 meses. Rajoy ha recalcado que Mas se ha "convertido en el presidente de una parte de los catalanes", que es minoritaria, y ha "abandonando a la gran mayoría" que no ha querido "acompañarle" en el 9 de noviembre. 

En declaraciones en los pasillos del Congreso, tras asistir a la sesión de control, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que Artur Mas está yendo contra lo que sucede en el mundo, que son procesos de integración. Por eso, le ha recriminado que pretenda "obligar" a los españoles a elegir entre su condición de español y europeo. Pero el jefe del Ejecutivo considera que lo "preocupante" es que en Cataluña haya un "déficit de gobierno", ya que, según ha proseguido, Mas ahora anuncia la posibilidad de que haya elecciones cuando la "prioridad básica" debe ser atender la crisis económica y crear empleo. En este sentido, ha garantizado a los catalanes que, a pesar de "la falta total y absoluta de acción" y del "desgobierno" de la Generalitat, su Ejecutivo seguirá ayudando a resolver los problemas económicos de Cataluña.  "Los proveedores de la Generalitat van a seguir cobrando, los servicios públicos van a seguir funcionando y financiándose, y el Gobierno seguirá atendiendo a los vencimientos de deuda de la Generalitat de Cataluña", ha proclamado. 

Finalmente, Rajoy ha afirmado que él seguirá defendiendo la soberanía nacional que recoge la Constitución, los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y la igualdad entre los españoles. Además, ha subrayado que la Carta Magna ha proporcionado el "mayor periodo de progreso y bienestar de la historia moderna de España". 

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho este miércoles que la querella de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Educación, Irene Rigau, por el 9N no impide una negociación política "porque cada una tiene su ámbito propio". El ministro ha contestado de esta forma en el Congreso al diputado socialista Francesc Vallés, que le ha preguntado qué actuaciones ha interesado el Gobierno del Ministerio Fiscal en relación a la consulta participativa realizada el pasado día 9 en Cataluña. 

Tras negar que el Gobierno haya interesado de la Fiscalía actuación alguna al respecto, el titular de Justicia ha comentado que le sigue sorprendiendo que el PSOE plantee que una querella es algo contrapuesto al escenario de diálogo y de negociación. En este sentido ha destacado que ante un incumplimiento de la ley -en este caso celebrar la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional- hay que aplicar las leyes. "Quien incumple la legislación tiene la respuesta del Estado de derecho y quien quiera negociar políticamente por parte de este Gobierno siempre va a tener respuesta en el campo del diálogo", ha asegurado. 

Catalá ha explicado que el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé la posibilidad de que el Gobierno pueda interesar a la Fiscalía General del Estado para que lleve a cabo determinadas actuaciones en el ejercicio de lo que le corresponde, que es la defensa del interés general y de la legalidad. Ha aclarado que es un mecanismo singular y extraordinario, utilizado de forma muy excepcional "porque la Fiscalía, como ha demostrado habitualmente y en particular en los últimos tiempos, actúa con autonomía y tiene sus mecanismos de toma de decisión propios de una organización jerárquica con un sistema de coordinación con los consejos fiscales".  "Esto es lo que ha pasado en las últimas semanas en relación con la querella que finalmente la Fiscalía decidió interponer sin necesidad de que el Gobierno, a través de un mecanismo posible pero que en este caso no hace falta utilizar, le haya requerido o solicitado actuación alguna", ha insistido. 

El ministro ha recordado que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha puesto de manifiesto que es ofensivo que alguien pueda pensar que a él o al Ministerio Fiscal un Gobierno le da instrucciones y ha declarado que no ha recibido ninguna indicación del Ejecutivo. "Lo que se ha producido es un correcto actuar de las instituciones con absoluta autonomía e independencia y en defensa del interés general", ha recalcado. Por su parte, Francesc Vallés, le dicho al ministro que no le cree y ha estimado que la querella tiene "intencionalidad política". Ha relatado que esta querella fue "anunciada" por la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, para que se interpusiera, fue "jaleada" por el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, y "la dieron por hecha" varios miembros del Gobierno, lo que "es inadmisible en un Estado democrático". 

A juicio del parlamentario socialista el Gobierno ha cometido "un error de miopía política imperdonable porque ha forzado una querella política cuando lo que necesitamos es diálogo, negociación y pacto". "Se equivocaron hace ocho años cuando presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Estatut y se equivocan de nuevo ahora porque vuelven a sustituir la acción política por la acción judicial y eso además de irresponsable es muy imprudente", ha añadido Vallés, que piensa que al Gobierno "la situación se le está escapando de las manos".