Este sábado se cumple un año desde que el Gobierno aprobase la reforma del Código Penal. Desde entonces, el que fue tachado como uno de los proyectos estrella del Ministerio de Justicia en esta legislatura, se encuentra en punto muerto en el Congreso a la espera de una tramitación final que no llega nunca. Y ya van 34 ampliaciones de plazos para las enmiendas. La última de ellas vence el próximo 23 de septiembre y todo apunta a que habrá más para un proyecto de ley que supone una "auténtica transformación" de la legislación penal, tal y como dijo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. 

Una serie de comparecencias de expertos y juristas ante la Comisión de Justicia han mantenido vivo el debate en torno a una ley que, a la espera de la reforma del Poder Judicial, con el Código Procesal Penal en fase de borrador y la ley del aborto paralizada, puede convertirse en el proyecto de mayor envergadura del Ministerio abordado por las Cortes en la presente legislatura. Sin embargo, la demora en la tramitación parlamentaria no es casual para una reforma de tal calado, que está estrechamente vinculada al paquete de medidas de regeneración democrática y lucha contra la corrupción que actualmente trata de impulsar el Ejecutivo. Fuentes parlamentarias han explicado que el plazo de enmiendas parciales será previsiblemente ampliado más allá de septiembre puesto que el objetivo es buscar el mayor consenso posible para un proyecto de esta magnitud "por todas las leyes que toca". "No sería lógico cerrar el Código Penal y volverlo a abrir dentro de unos meses", precisan las fuentes. Y es que los grupos se están reuniendo para consensuar qué medidas concretas tendrían encaje en la reforma, especialmente en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, donde las posturas están "avanzadas". 

Desde el Ministerio de Justicia aseguran que uno de los asuntos que se baraja en el paquete de regeneración democrática es la inclusión de una sanción penal a la financiación de los partidos, de ahí que el texto se encuentre en la "nevera parlamentaria". Pero su activación puede llegar en cualquier momento, ya que si esas medidas no encajan en el proyecto habrá que dar un impulso a la reforma que, según las fuentes, apunta a fin de año, puesto que en 2015 hay elecciones y todo lo que no esté casi cerrado antes será difícil de llevarlo a cabo más tarde. 

Con todo, la voluntad es de consenso y no de aparcar una ley calificada como "muy compleja", de ahí que se haya celebrado un debate público en la Comisión de Justicia.  Entre los intervinientes compareció Antonio del Castillo, el padre de la joven Marta del Castillo, asesinada en Sevilla hace cinco años, para dar su opinión sobre la reforma del Código Penal, que contempla la prisión permanente revisable para delitos especialmente graves. Se trata de la figura más polémica de la reforma y la que actualmente mantiene las posiciones más enfrentadas entre los grupos. Habrá cambios importantes en la ley y se recogerán muchas de las peticiones de los expertos, como en materia de discapacidad, pero no con la prisión permanente. 

El proyecto, que superó su primer examen en el Congreso en diciembre pasado, trata de dar respuesta a las nuevas conductas delictivas y da nuevas herramientas para perseguir la corrupción. Aunque hay algo más: tiene que tener una vida larga, no ser flor de un día.