El Gobierno va a acometer una "reordenación" para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, que consistirá básicamente en contar con el apoyo de "colaboradores habituales" de este poder del Estado como registradores, notarios y procuradores en los tribunales. Así lo ha anunciado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, durante su visita a Burgos para inaugurar oficialmente la nueva sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En declaraciones a los periodistas, Ruiz-Gallardón ha enmarcado esta decisión en la imposibilidad de aumentar el número de funcionarios y ha explicado que el objetivo es que estos profesionales asuman nuevas funciones, aunque ha asegurado que esto no supondrá la reducción de trabajadores de la Administración de Justicia. El ministro ha asegurado que "nadie va a perder actividad" con la reordenación, pero se aprovecharán las posibilidades de actuación de colaboradores habituales de la Justicia en tareas que no tienen porque ser necesariamente realizadas por funcionarios. Ruiz-Gallardón ha precisado que esta reordenación requerirá reformas legislativas importantes.

En este sentido, ha concretado que se modificará la Ley de Enjuiciamiento Criminal, previsiblemente en octubre, y a finales de diciembre o principios de enero de 2013 también se modificará la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

Tras escuchar la protesta en forma de pitada de unos 300 funcionarios congregados en la entrada del edificio por los recortes anunciados por el Gobierno, Ruiz-Gallardón ha afirmado también que comprende y respeta las quejas, pero ha insistido en que la decisión del Gobierno "es firme" y necesaria para responder a la actual situación económica para que "algo coyuntural no se convierta en permanente".