El Boletín Oficial del Estado publica este martes la orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que regula las ayudas estatales dirigidas al sector del automóvil, valoradas en 800 millones, de los que 110 millones se destinarán a subvenciones y 690 a créditos a tipo cero.

Estas ayudas se inscriben en el Plan de Competitividad del Sector de Automoción que, a su vez, se complementan con los criterios que se negocian en el Plan Integral de Automoción. El objetivo de dichas ayudas es el mantenimiento de los puestos de trabajo en el sector, mientras que el Plan Integral de Automoción incide en toda la cadena de valor de la industria. Las ayudas se concederán a inversiones acometidas por fabricantes de automóviles y empresas de la industria de componentes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009.

El montante económico de las ayudas se desglosa en 110 millones de euros de financiación directa para inversiones relacionadas con programas de formación, ingeniería y desarrollo de nuevos productos y sistemas.

El resto, 690 millones, se destina a una línea de créditos a tipos de interés cero y con un periodo de carencia de cinco años, para inversión en nuevos productos, procesos de producción que mejoren el Medio Ambiente, uso eficiente de la energía y gastos destinados a la mejora de la competitividad y sostenibilidad.

Los interesados en percibir estas ayudas dispondrán de un plazo de veinte días a partir de mañana para presentar sus solicitudes.

El Ministerio de Industria se compromete en dar respuesta a estas iniciativas de los fabricantes en un mes, por lo que la concesión de los montantes económicos se plasmará entre la primera y la segunda quincena del mes de marzo, en línea con los objetivos del Ejecutivo de facilitar y acelerar dichas ayudas para el sector.

El Gobierno advierte de que se reserva la posibilidad de exigir a los beneficiarios que las ayudas se concreten en un destino final, de acuerdo con los fines previstos, y en el caso de que los fondos no se hayan destinado a esos objetivos, exigirá la devolución de las mismas con los intereses legales que haya generado.

Las fuentes ministeriales aseguraron que el plan y el arbitraje de estas ayudas se han negociado recogiendo las aportaciones de los principales agentes sociales de los sectores implicados, es decir los sindicatos UGT y CCOO y las asociaciones de fabricantes de automóviles (Anfac) y de componentes (Sernauto).