Los empresarios andaluces mueven ficha. En una demostración de fuerza sin precedentes, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) reunió ayer a 3.500 personas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. El objetivo declarado era éste: defender a las empresas como motor fundamental para salir de la crisis, concienciar a los políticos y a la sociedad de que son imprescindibles, ofrecerse como solución. 

En el trasfondo, sin embargo, están las recetas de los empresarios (reforma laboral y de la negociación colectiva, reducción del peso del sector público, disminución de la burocracia...), enarboladas ayer de forma reiterada por los intervinientes. Los empresarios interpretan que, al beneficiarles, estas reformas también ayudan al país, puesto que podrán crear empleo y riqueza. Así lo explicó el presidente de la CEOE, Juan Rosell, invitado por Herrero a la convención: "Políticos, haced lo que tengáis que hacer, pero rápido, sin miedo; si lo hacéis nos tendréis detrás, porque será bueno para la sociedad". 

Herrero dijo que la convención no iba contra nadie, que se celebraba en positivo. Y es cierto que no hubo apenas menciones negativas directas al Gobierno, la Junta o los sindicatos, pero el ambiente que se respiraba era de reproche. Una buena parte de los ponentes se quejó de la falta de apoyo e incluso del maltrato de las Administraciones. Rosell criticó la burocracia y mencionó el caso de una empresa a la que le habían multado con 120 euros por no contestar a una encuesta estadística. Herrero dijo que "es imprescindible que las administraciones públicas conviertan a la empresa en el eje de sus políticas", con lo que admitió que ahora no lo es. También reclamó "una reforma laboral en profundidad, que facilite la contratación, simplifique la maraña de tipos de contratos y permita flexibilidad para adaptar a las empresas a las circunstancias del mercado". El catedrático de Economía José María O'Kean, que intervino como experto, aseguró que "el objetivo del empresario no es despedir a nadie; así que por lo menos vamos a facilitarle el contrato". El representante de la federación del metal, Julián Gómez, abundó en la idea en otra encendida defensa de la reforma: "¿Por qué tenemos más de 50 tipos de contrato? No se hacen fijos por tener bonificación, sino porque hay trabajo y la persona a la que se contrata es buena; la reforma laboral cabe en un folio, basta con un contrato único con una indemnización que evolucione según la antigüedad". 

Herrero pidió también una reforma de las administraciones públicas, que consiste básicamente en reducir su coste y aumentar la eficiencia. "Estamos sobregobernados", sentenció Rosell, que criticó el millón de páginas anuales que se publican en boletines oficiales. "Hay normas para todo que entorpecen y asfixian, y son décimas del PIB que van mermando nuestra competitividad". 

El presidente de la CEA llegó a reclamar una concepción de la justicia que no perjudique al empresario. "Se tiende en múltiples ocasiones a criminalizar la actividad empresarial y la justicia toma a veces carácter inquisitorial; parece que los empresarios somos culpables predeterminados de cualquier situación". A continuación trazó una enigmática frase que dejó entrever que esa culpabilidad del empresario es a veces forzada y ajena a su voluntad. "La línea que separa la corrupción, el delito de cohecho y la extorsión es muy fina y estamos más veces en lo último que lo primero". La cuestión de la morosidad también fue repetidamente mencionada. El constructor José Prados calificó de "inadmisible" la impunidad de la Administración a la hora de cumplir con sus compromisos de pago y Julian Gómez criticó que se promulgue una ley de morosidad cuando los propios políticos son los primeros en incumplirla. La conclusión la resumió Manuel García Izquierdo, presidente de los comerciantes andaluces y españoles, con esta frase: "No se ha acometido ni una sola de las reformas que son necesarias para el sector empresarial".