El grupo de trabajo Tarifa contra el radar, creado por ciudadanos del municipio con el objetivo de conseguir el alejamiento del radar militar del Camorro, situado junto al núcleo urbano de Tarifa y a tan solo 180 metros lineales de la guardería infantil de la Junta de Andalucía, denunció ayer el poco interés de la oficina del Defensor del Pueblo Español, como de los ministerios de Defensa y de la presidencia del Gobierno.

El grupo afirmó que han remitido información desde hace meses sobre sus demandas y más de 3.700 firmas de ciudadanos solicitando el traslado de la instalación a una zona una zona más alejada del núcleo urbano, de forma que se garantizase la salud de los ciudadanos.

Sin embargo, a pesar que la asociación viene trabajando desde hace casi un año en tal sentido, sus esfuerzos parecen caer en saco roto ya que desde la oficina del Defensor del Pueblo Español "sólo se han limitado a decir que la instalación militar cumple los niveles de referencia y restricciones básicas estipuladas en el Real Decreto 1066/2001". Según la opinión de Tarifa contra el radar, en ningún momento se ha dudado que el ministerio de Defensa cumpla los niveles de emisiones estipulados por la legislación vigente.

El problema que plantean no es el incumplimiento de la ley, sino "lo obsoleta que está actualmente una normativa instaurada en el año 2001 y que no ha sido revisada desde entonces, a pesar de la clara recomendación que hace el Parlamento Europeo en la resolución de 2 de abril de 2009 sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos". Igualmente, desde esa resolución europea se hace un llamamiento a los estados miembro para que se aplique el principio de precaución dictado por los científicos.

La asociación señaló que la población debe conocer que la legislación vigente aplicada en nuestro país habla de 100 microteslas como límite de exposición seguro a campos electromagnéticos. Sin embargo, distintos informes avalados por más de catorce investigadores de prestigio internacional en salud pública dedicados a analizar las evidencias científicas existentes sobre la incidencia de las radiaciones electromagnéticas en la salud, fijan los límites de exposición seguros en 0,2 microteslas.

Por tanto, las emisiones permitidas en nuestro país son quinientas veces superiores a las recomendaciones científicas. Tarifa contra el radar insistió en que el Gobierno está ignorando la evidencia científica, a pesar de que el Parlamento Europeo reconoce que radiaciones de muy bajo nivel tienen efectos muy nocivos y la vulnerabilidad de los niños.