Las investigaciones de la Guardia Civil contra la supuesta organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en los clubs de alterne de la familia Galán, cuyos miembros se encuentran en libertad con cargos, prosiguen, y en los últimos tiempos, con sustanciales novedades.

Según ha podido saber este diario, los investigadores creen tener ya pruebas para incriminar a los Galán en la supuesta comisión de diez delitos. A los ya conocidos imputados por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Chiclana, al cargo del caso, los de asociación ilícita, favorecimiento de la prostitución y blanqueo de capitales o alternativamente delito fiscal, los agentes encargados de las pesquisas han ido sumando uno tras otro, hasta contabilizar diez. En este abultado número de supuestos delitos que aprecia la Guardia Civil, que aún no les han sido imputados por la juez, sobresale el de cohecho, el soborno de autoridad o funcionario público. Los otros serían tráfico de drogas por encubrimiento (al encontrarse drogas en poder de algunas de las mujeres de los clubs); contra el derecho de los trabajadores extranjeros (trata de seres humanos con fines de explotación sexual), al hallarse en las redadas en los locales al menos a cuatro prostitutas en situación irregular; contra la libertad sexual; contra la intimidad (por el supuesto uso ilegítimo que hacían de los DNI de los clientes, haciéndolos pasar por clientes de los hoteles) falsificación de documento público . El listado se cerraría con blanqueo y delito fiscal, ya que la Guardia Civil considera que hay indicios de ambos delitos.

El análisis de la documentación intervenida durante la Operación Toscana ha puesto al descubierto además lo boyante del negocio de los Galán: y es que los investigadores calculan que de media en cada club, limpios, ganaban al año 240.000 euros. Dado que su cadena Galantería está conformada por seis establecimientos al cifra total anual se eleva a cerca de 1,5 millones de euros al año.

Los abogados de los Galán, pro su parte, siguen sosteniendo que no hay pruebas para incriminar ningún delito a sus defendidos. Esperan que hoy la juez al cargo del caso atienda a su demanda para que les devuelvan los vehículos intervenidos así como que se levante el embargo decretado y puedan disponer ya de las cuentas corrientes bloqueadas. Entre otras cosas, para poder hacer frente a las nóminas de los 80 empleados de los seis hoteles. Pendientes de que se fije nuevo día para la suspendida prueba preconstituida del último testigo protegido, los letrados no descartan finalmente proponer que declaren clientes y taxistas a favor de los dueños, que prevén reabrir sus negocios en esta semana.