Jesús Mayoral cumple un año al frente de la Delegación de Hacienda. Fiel a sus principios, durante este tiempo ha protagonizado fuertes enfrentamientos con USR -miembro del equipo de gobierno-, a la vez que pide cambios en el Ayuntamiento para reducir el déficit.

-El PIVG entra en este gobierno de concentración con una serie de compromisos entre ellos la descentralización de Guadiaro...

-Se ha llevado la descentralización en parte. Antes en las barriadas había representantes de alcaldes, ahora existe la figura de los tenientes de alcalde que cuentan con firmas administrativas al igual que la firma del alcalde y una dedicación exclusiva. También hemos logrado el trabajo administrativo, con lo cual mantenemos un punto de administración en Torreguadiaro, otro en San Enrique y el resto en Guadiaro. Queremos centralizarlo todo en un edificio en Pueblo Nuevo cuyas obras ya están aprobadas. Hemos pedido más medios, tenemos tres técnicos más, uno fijo y dos mas, dos veces por semana. Esta forma de actuar sólo ocurre allí porque lo estamos trabajando y lo llevamos a efecto. Ahora queremos descentralizar servicios. Hablamos de Obras y Servicios y de otras delegaciones, que dependan de la Tenencia de Alcaldía, queremos tenientes de alcalde territoriales con un protocolo de actuación con las delegaciones municipales. También queremos llevar al pleno que las licencias de obras menores se puedan dar desde allí sin tener que pasar por Urbanismo. Nos acogemos a una directiva de la comunidad europea que concede más flexibilidad en la burocracia.

-¿Qué esperan los afiliados del PIVG de este gobierno?

-Seguimos sin hacer unos repartos juntos de acuerdo con la población que hay en cada sitio, y eso debe ser lo fundamental.

-Hablando de los presupuestos, ¿por qué se opuso a su aprobación inicial?

-Lo fundamental es porque nosotros llevamos pidiendo desde hace seis años que se respete la legalidad. Yo no firmo ni avalo ninguna actuación que tenga reparos de la propia Intervención municipal.

-Desde el PSOE se ha dicho que los presupuestos los ha hecho el alcalde...

-El anteproyecto se realiza entre la Delegación de Hacienda e Intervención como en todas partes. Se ha respetado los recortes hechos desde Hacienda, pero luego no se han hecho repartos justos y no se han corregido las ilegalidades. La intención de resto de grupos era aprobarlos y después corregirlos y nuestro planteamiento era primero la legalidad y luego negociar. No nos fiamos a un año de las elecciones aunque haya buena intención.

-¿Cuáles son la base de las alegaciones?

-Vamos a realizar tres principalmente. Una de ellas, a la que ha puesto reparos la propia Intervención, es la retribución a los funcionarios en el complemento específico, se sobrepasa el límite establecido por ley. De la masa salarial, lo que se destina a este complemento pasa del 75% aprobado. Se tendrá que negociar tras aprobarse el presupuesto con la junta de personal y sindicatos. En 2007 ya denunciamos este presupuesto. Este equipo de gobierno aprobó en julio un plan de saneamiento en el que contemplamos una bajada del 25% de los gastos de personal en seis años y ni se ha empezado a cumplir. En este presupuesto se contempla cinco nuevas plazas en el Ayuntamiento. Las otras alegaciones son de carácter político.

-¿Qué va a hacer el PIVG si no se tienen en cuenta estos cambios?

-Definitivamente, sin las relacionadas con la legalidad no lo vamos a aprobar y denunciaremos que partidos abusan del dinero municipal. Si no aprobamos el presupuesto y no se cumple nada, nos iremos del gobierno. Con estas compañías no queremos nada. Nosotros le pedimos a USR que le quite el yugo a Palma y no entorpezca la labor del gobierno. No podríamos estar en un equipo de gobierno que incumple la legalidad.

-¿Por qué cree que Fernando Palma quiere mantener a USR en el gobierno?

-Favores políticos de cara a las nuevas elecciones. El partido bisagra ha tenido de todo con los dos partidos grandes, ha sido corresponsables de la situación económica. Nosotros nunca entendimos la decisión de Palma porque ahí estamos el resto de partidos para trabajar. Tampoco entendemos que tenga tantos beneficios.

-Ha denunciado la quiebra técnica de la empresa municipal Emadesa y señala que Emroque también está en una situación similar. ¿La investigación en éste órgano municipal ha comenzado ya?

-Las cuentas de Emroque son más graves que las de Emadesa. Emroque es la trastienda de Urbanismo. Esta empresa debe dedicarse a viviendas sociales que es el objetivo para el que se creó. Se cambian los estatutos para otras competencias que deben ser del Ayuntamiento. La empresa cuenta con 18 millones de recursos propios, en el que tiene contabilizados calles y plazas. En realidad le falta liquidez porque son bienes inmovilizados. Es necesario hacer una regularización de la empresa y seguro que no cuenta con más de 8 ó 10 millones de recursos propios. En el próximo pleno vamos a exigir a Intervención que fiscalice las cuentas de la sociedad. Antes se presentarán la liquidación de las cuentas del año anterior, que por supuesto serán negativas porque han existido desajustes tremendos.

-Han hablado de realizar medidas impopulares para el ahorro, una de ellas es la privatización del agua con lo que ello conlleva...

-Tenemos las dos cosas en San Roque. Existe una gestión indirecta con una entidad privada como Sotogrande durante 30 años y es más barata para los ciudadanos que la pública. La subida de los precios siempre la aprueba el Ayuntamiento. La concesionaria de Sotogrande quiere subir las tarifas desde febrero de 2005 y no lo hemos permitido. La oposición dice que la empresa privada viene a ganar dinero, pero los usuarios pagarán lo mismo porque no aprobaremos subidas. La recogida de la basura en las calles también está privatizada y no se protesta cuando se le está pagando seis millones anuales.