Campo de Gibraltar

La Ley municipal de la Junta impediría la segregación de Guadiaro y Tesorillo

  • El anteproyecto endurece las condiciones · Desaparece la opción de crear un nuevo municipio con una ELA previa con más de cinco años, menor población y separación que la exigida en la norma general

El anteproyecto de la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) presentado la pasada semana por el Gobierno andaluz endurece las condiciones para la segregación de los municipios. En el caso del Campo de Gibraltar, el texto, de aprobarse sin modificaciones durante su tramitación parlamentaria, supondría cerrar la puerta a la independencia del Valle del Guadiaro (San Roque) y San Martín del Tesorillo (Jimena) ya que ambos incumplen requisitos para acceder a este estatus.

Así se desprende de la comparación del anteproyecto con la Ley 7/1993, reguladora de la demarcación municipal de Andalucía y por la que actualmente se rige el procedimiento de segregación. En la actual normativa, dentro del capítulo primero del título segundo se contempla que, como norma general, para la creación de un nuevo municipio deben concurrir de forma simultánea varias circunstancias entre las que se citan que "el nuevo municipio cuente con una población no inferior a los 4.000 habitantes y que entre aquél y el municipio matriz exista una franja de terreno clasificada como no urbanizable de una anchura mínima de 7.500 metros entre los núcleos principales".

Sin embargo, el texto que resulta de aplicación en estos momentos incluye una vía para la segregación basada en la posibilidad de crear un nuevo municipio si la población no es inferior a 2.500 habitantes; una separación mínima de 5.000 metros; existencia de una identidad propia y la necesidad de haber permanecido como Entidad Local Autónoma (ELA) por un periodo mínimo de cinco años antes del inicio del expediente segregador. Esta vía para la independencia de Tesorillo y Guadiaro -condicionada en todo caso a las condiciones de disponibilidad territorial y de recursos suficientes para la prestación de servicios, amén de la calidad de éstos- desaparece del anteproyecto de ley presentado ahora por la Junta de Andalucía, según el artículo 89, integrado en el capítulo segundo, de la creación, supresión y alteración de municipios.

El texto de 1993 condiciona la segregación si el municipio resultante dispone de territorio suficiente y recursos para el cumplimiento de las competencias, además de no implicar una disminución de la calidad media de los servicios. La LAULA también insiste en este aspecto, el de los servicios al ciudadano, dedicándole varios apartados y una redacción más amplia a la hora de blindar esta circunstancia. Además, cabe destacar que la ley que prepara el Ejecutivo que dirige José Antonio Griñán, al establecer de forma expresa un total de 29 competencias propias para los municipios (14 nuevas), endurece de forma indirecta la condición de contar con recursos suficientes.

Con el nuevo texto en la mano, el Valle del Guadiaro cumpliría con el criterio poblacional (más de 4.000 habitantes), pero no con el de separación respecto al núcleo principal, ya que la existencia de urbanizaciones diseminadas es una constante en el término municipal sanroqueño. En el caso de San Martín del Tesorillo, existe, a priori, una separación mayor (13 kilómetros por carretera) si bien la población de la actual Entidad Local Autónoma jimenata apenas llega a los 3.000 residentes.

La petición de independencia de ambos territorios respecto a sus municipios genera posturas contradictorias entre los partidos políticos. Así, mientras el PP de Jimena (que a su vez gestiona la Alcaldía de la ELA) apuesta por la segregación y acusa al PSOE de poner trabas a la obtención de todos los documentos necesarios para presentar el expediente, en San Roque las posturas son justo las contrarias. En este municipio, tanto los socialistas como el Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG) creen en la descentralización pero bajo la fórmula de la Entidad Local Autónoma (rango que sí tiene Tesorillo) por lo que ambas formaciones se encuentran inmersas en la recogida de firmas para avalar la petición en la iniciativa vecinal. El Partido Popular de San Roque apuesta por otras fórmulas de descentralización, y así lo manifestó en Pleno.

En cualquier caso, el procedimiento para la segregación municipal entre la ley actual y la propuesta no difiere en apenas matices de redacción y la capacidad decisoria siempre recae en la Junta de Andalucía. El nuevo texto subraya que no puede iniciarse un procedimiento de este tipo si no han transcurrido cinco años desde la desestimación de otro sustancialmente igual.

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