Los terrenos rústicos y las ciudades del Campo de Gibraltar, como los del resto del país, escondían un tesoro para las arcas municipales y estatales. Casas que no constaban en padrón alguno, piscinas camufladas de albercas o simplemente no declaradas y ampliaciones de vivienda ocultas a los ojos del fisco son algunas de las irregularidades que el Ministerio de Hacienda ha detectado en la comarca durante el proceso de regularización catastral que está llevando a cabo y que ha finalizado ya en cinco de los siete municipios campogibraltareños. Sólo en tres de ellos, Los Barrios, La Línea de la Concepción y Tarifa se han encontrado 4.250 viviendas que no estaban adecuadamente declaradas en el Catastro y que por tanto pagaban menos Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del que le correspondía. O directamente no lo pagaban.

El proceso de regularización catastral del que ahora se empiezan a conocer los resultados empezó en 2013. Hacienda encargó a empresas privadas una serie de fotografías aéreas para poder elaborar municipio a municipio un mapa real de las edificaciones existentes; en el caso de que se detectasen discrepancias con la información existente en el Catastro, se abría un expediente y se comunicaba a los propietarios. Se trata de un proceso que ha ejecutado el Ministerio, sin participación de los ayuntamientos.

Con esa nueva base de datos de las construcciones realmente existentes se ha actualizado el Catastro y se ha puesto en conocimiento de los ayuntamientos la realidad de cada municipio. Un mapa que en Los Barrios dibuja 2.600 fincas, entre omisiones y alteraciones no declaradas, que no estaban adecuadamente registradas, el 17% de las que figuraban en el padrón del municipio barreño. En el caso de La Línea de la Concepción, ascienden al millar los inmuebles que eludían el pago de impuestos, la mayor parte de ellos en El Zabal. Y en Tarifa, la cifra de inmuebles regularizados asciende a 650. Los otros dos municipios que han finalizado el proceso son San Roque y Castellar de la Frontera (que no han aportado datos aún), mientras que en Algeciras y Jimena de la Frontera aún está abierto.

La consecuencia directa de esa actualización catastral ha sido el aumento de los ingresos por IBI en aquellos municipios en los que se ha llevado a cabo el proceso, ya que al subir el valor catastral de los inmuebles también se eleva el impuesto que tienen que pagar. En total, los consistorios han pasado a tener una previsión de ingresos de dos millones de euros más por IBI tras el procedimiento de regularización; el aumento, remachan desde los ayuntamientos, llega vía ajuste del cobro a aquellos inmuebles que no estaban tributando adecuadamente, en ningún caso se sube el IBI a los que ya abonaban el impuesto que les correspondía.

Así, en el caso de Los Barrios, la recaudación prevista por IBI se ha incrementado en 1,6 millones de euros en los dos últimos años. Sólo entre 2014 y 2015, año en el que entró en vigor la regularización catastral, el Ayuntamiento vio crecer su cuota tributaria por IBI urbana de 4,9 a 5,8 millones de euros. A este aumento de ingresos vía impuesto hay que sumar la regularización tributaria por las liquidaciones de IBI de los cuatro ejercicios anteriores al de la actualización catastral, en los que los inmuebles estuvieron pagando menos impuesto del que les correspondía y que todavía no han prescrito en términos fiscales. Por este concepto, el Consistorio prevé una recaudación extraordinaria de unos 800.000 euros.

En La Línea, el Ayuntamiento verá aliviadas sus arcas con un incremento anual de unos 300.000 euros al año en su recaudación del IBI. Y en el caso de Tarifa, ese aumento se cifra en 135.000 euros.

Aparte del incremento del impuesto, los propietarios de los bienes en los que se han detectado irregularidades tendrán que pagar 60 euros en concepto de tasa de regularización catastral para sufragar el proceso de actualización que se ha llevado a cabo; en este caso, la tasa la cobra Hacienda.

En total, en la provincia de Cádiz se han detectado hasta ahora 34.500 inmuebles que no estaban adecuadamente declarados, un 5,19% de los analizados en los 30 municipios en los que se ha finalizado el plan de regularización. El 45% de las infracciones corresponde a ampliaciones y rehabilitaciones de construcciones ya existentes, seguidas por un 35% de nuevas edificaciones no declaradas, un 13% de reformas y cambios de uso y un 5% de piscinas. Gracias a este proceso, los ayuntamientos gaditanos ingresarán 46,17 millones de euros en concepto de incremento del padrón del IBI y por el pago de los atrasos de los ejercicios anteriores.