El Consejo de Ministros autorizó ayer al Ayuntamiento de Los Barrios a realizar la consulta popular relativa a la terminación o retirada y desmontaje de la cubierta de la plaza de toros La Montera. Se trata de un procedimiento iniciado por el gobierno municipal (PA-PP) el pasado año con el fin de pulsar la opinión de los vecinos ante una decisión que, justifica el alcalde, se basa en su alto coste. "Tanto terminar la cubierta como retirarla sería la inversión más alta de las que se han realizado en los últimos tiempos en el municipio, por lo que es lógico que decidan los vecinos", destaca el regidor barreño, Jorge Romero (PA).

El procedimiento, no obstante, deberá celebrarse tras las elecciones municipales de mayo ya que la Ley de Regulaciones de las Consultas Populares Locales en Andalucía no permite su desarrollo mientras haya un procedimiento electoral convocado, como es el caso de las autonómicas fijadas para el próximo 22 de marzo. Y justo después de esta fecha quedarán convocadas las municipales. "Habíamos previsto el 22 de marzo, pero se nos adelantaron", sostiene Romero.

La Montera se inauguró en el año 2000 y en 2007 comenzaron las obras para instalar una cubierta móvil. Sin embargo, el proyecto -valorado en unos 3 millones de euros- quedó a medio ejecutar por los impagos del anterior gobierno local (PSOE-IU).

La cubierta presenta daños leves porque le falta el cerramiento perimetral y el motor para el cierre del sistema, pero pueden ir a mayores si no se actúa a medio plazo. "Hay que tener en cuenta que partimos de un error, que fue cubrir la plaza. Pero claro está que hay que hacer algo para evitar daños al edificio que, por el momento, es seguro para su uso público", apunta el alcalde.

El Ayuntamiento sacó a concurso la gestión de la plaza de toros como concesión a largo plazo con la condición de que el adjudicatario terminara las obras, sin obtener ninguna oferta.

El Gobierno autoriza esta consulta porque concurren los requisitos del artículo 71 de la Ley de Bases de Régimen Local; es decir, es un asunto propio municipal, de interés para los vecinos del municipio y no relativo a la hacienda local. No obstante, condiciona la autorización a que en la formulación de las papeletas se añada el sentido afirmativo o negativo (Sí/No) en la contestación a la pregunta.

Con esta autorización, el próximo gobierno municipal puede celebrar el referéndum con una simple convocatoria a través de un decreto de Alcaldía, sin necesidad de someter el asunto a la voluntad del Pleno (ya se hizo cuando se solicitó el permiso para la consulta, sólo con el apoyo de PA y PP). "Yo estoy dispuesto a celebrarlo si revalido como alcalde. Creo que lo más democrático es que el pueblo se pronuncie", asevera el primer edil, quien apunta que lo haría a finales de verano con cuatro mesas electorales y una pequeña campaña informativa.

Terminar la plaza supone 1,1 millones de euros más el mantenimiento posterior del sistema mientras que el desmontaje está valorado en 700.000, según un peritaje encargado en su momento por el Consistorio.