Verdemar-Ecologistas en Acción criticó ayer que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, esté instando "con urgencia" a adaptar el Plan Especial de Seguridad de la Bahía de Algeciras, que abarca desde Campamento hasta Guadarranque, para "expropiar y trasladar a la población más antigua" de la zona "en beneficio de las industrias pesadas" que se proyectan en Guadarranque. La Oficina del Defensor, lo negó posteriormente en un comunicado.

Según explicó el colectivo ecologista, así lo entienden de una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz con fecha del 10 de diciembre para que el Ayuntamiento sanroqueño y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio inicien acciones para firmar un convenio de colaboración tendente a la revisión del Plan Especial y de Seguridad Ambiental que contemple expresamente la problemática y singularidad del núcleo de Guadarranque.

La representante de Verdemar, Raquel Ñeco, señaló que se recomienda una expropiación vecinal por salud. "Nos ha sorprendido soberamente, sospechamos que tenga que ver con la implantación de la planta de VTTI, que actualmente está paralizada por el Ayuntamiento", añadió Ñeco, quien aseguró que después de 25 años solicitando un plan epidemiológico en la comarca, "es sospechoso que ahora se pida el desarraigo de esta barriada como ya se hizo en 2002 con la Colonia". "Somos conscientes de que la situación es complicada, pero entonces también debe plantearse la expropiación en Puente Mayorga donde la industria está a menos de dos kilómetros de la población", añadió.

Por su parte, la Oficina del Defensor del Pueblo aclaró que no apoya las expropiaciones en Guadarranque para favorecer la instalación de industrias pesadas, sino que defiende que aquellos cuyos inmuebles hayan sido objeto de expropiación puedan ser indemnizados lo antes posible y acabar así con los "perjuicios" que supone para los afectados el "retraso" en el desarrollo del Plan de Seguridad Industrial de la Bahía de Algeciras. El texto recoge que el retraso del desarrollo de este plan está provocando "una demora indeterminada en el resarcimiento e indemnización del daño causado y perpetúa una situación de inseguridad y molestias a los residentes en la zona, así como el retraso en el pago de las expropiación. Por ello, recomienda a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y al Ayuntamiento de San Roque que, "con carácter urgente", realicen cuantos esfuerzos sean necesarios para alcanzar un acuerdo de colaboración para el pleno desarrollo de las previsiones del citado plan.

La resolución es consecuencia de una queja presentada en 2012 en la que la reclamante exponía que desde la aprobación y entrada en vigor del Plan de Seguridad Industrial de 1993, transcurridos unos 21 años, las fincas de su propiedad están clasificadas como suelo urbano sin poder realizar su actividad de hostelería.