El Juzgado de lo Social único de Algeciras considera que las cuatro trabajadoras de la empresa municipal de Recaudación de Los Barrios son empleadas de la Diputación Provincial al entender que han ejercido para esta entidad mediante una cesión ilegal de trabajadores. Así consta en la sentencia emitida en primera instancia por el juzgado, a la que ha tenido acceso Europa Sur, tras la vista celebrada el pasado 17 de abril.

La juez sustituta considera que las cuatro empleadas -que demandaron tanto a la Diputación como al Ayuntamiento de Los Barrios y a la propia empresa municipal- son trabajadoras indefinidas no fijas de la Diputación Provincial de Cádiz con dependencia funcional del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria (SPRGyT). Contra el fallo cabe recurso de suplicación en cinco días ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Las empleadas fueron contratadas en su día por la empresa municipal, pero han prestado y continúan prestando sus servicios para el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria (SPRGyT), actualmente en la oficina de Los Barrios. Tras la entrada de la mercantil municipal en concurso de acreedores, dejaron de percibir sus salarios acumulando hasta el momento 17 nóminas impagadas. Denunciaron el supuesto de cesión ilegal en marzo de 2012.

En la sentencia, la juez considera hechos probados que las cuatro actoras ingresaron entre los años 2003 y 2005 en la mercantil municipal, pero que han prestado servicios en las sedes físicas del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria (SPRGyT). Así, la sentencia recoge que contaban con documentos identificativos emitidos por el SPRGyT; tramitaban sus solicitudes de vacaciones y las incidencias de control de presencia con el departamento de Recursos Humanos de la Diputación Provincial; recibían cursos formativos de ésta e incluso sus fotografías aparecieron junto a las del resto de personal adscrito en una propaganda del servicio. (Todos estos argumentos fueron expuestos durante la fase testifical en la vista). Además, la juez detalla que entre la Diputación y el Ayuntamiento de Los Barrios se celebraron convenios (años 2003 y 2009) para encomendar a la entidad provincial la gestión recaudatoria de varios impuestos y tributos, entre otros.

"Conforme a los hechos acreditados y dado el reconocimiento de la cesión por la propia codemandada empresa municipal de Recaudación de Los Barrios en el acto de juicio, conforme al artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, se estima acreditado que las trabajadoras han sido objeto de una cesión ilegal por parte de la empresa municipal de Recaudación de Los Barrios a la Diputación de Cádiz. El efecto de la declaración de existencia de cesión ilegal en el caso de una administración pública es el reconocimiento a los trabajadores cedidos de la condición de trabajadores indefinidos no fijos", señala la juez, basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo.