Pocas sorpresas en el Pleno de San Roque donde el gobierno municipal logró ayer sacar adelante la subida de 13 impuestos y tasas municipales, así como la creación de dos nuevos conceptos tributarios. USR mostró un férreo rechazo a las subidas -como ya anunció la pasada semana- mientras que el PP sólo apoyó la relativa al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) mientras que se abstuvo o rechazó el resto de propuestas (como también había dejado entrever días antes de la sesión su concejal Fernando Palma). En cualquier caso, se trata de una aprobación inicial que en los próximos días entrará en fase de exposición pública y alegaciones, por lo que previsiblemente volverá a pasar por Pleno.

El grueso del debate entre el gobierno y la oposición tuvo lugar durante el primero de los puntos, el que proponía la subida del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), ya que los argumentos esgrimidos tanto por el PP como por USR podían idénticos para el resto de casos: "no es el momento de una subida de impuestos al ciudadano". Desde la otra bancada, el edil de Hacienda, Jesús Mayoral (PIVG), insistió en la necesidad y la "obligación" de modificar la presión fiscal por haber accedido al crédito estatal para el pago de deudas a proveedores. Mayoral también insistió en que la revisión se realizaba mayoritariamente según el IPC para cubrir el coste de las prestaciones deficitarias y que no todos los ciudadanos tienen que pagar los 15 impuestos modificados a lo largo de un año. Una visión que el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, sustentó pese a que tuvo que reconocer que no le gustaba la medida.

El primero de los impuestos que se modificó, como ya se ha indicado, fue el relativo a los vehículos. Según la propuesta inicial, un turismo de la primera categoría (baja cilindrada) pagará 38 euros al año (4 más que ahora) mientras que los de segunda categoría pasará de 72 a 80 euros. Según Mayoral, pese a la subida, el sello del coche en San Roque sigue siendo el más barato de la comarca. Frente a este argumento, Fernando Palma defendió por el PP que el alto padrón de vehículos inscritos en San Roque tiene su razón de ser en la baja fiscalidad, un hecho que podría darse la vuelta con la subida. En lugar de las subidas propuestas, el PP abogó por una actualización del padrón de viviendas con el fin de recaudar hasta un 1 millón de euros más al año en concepto de Bienes Inmuebles haciendo contribuir a zonas que actualmente no lo hacen frente a los 200.000 euros de repercusión del alza de las tasas aprobadas finalmente.

Desde USR, José Antonio Ledesma utilizó términos como "atraco a mano armada" y censuró el hecho de que el Pleno se celebrara a mediados de agosto. Pidió incluso la retirada del orden del día de todos los puntos salvo el relativo al IAE, aunque no encontró el respaldo suficiente.

Mayoral no dudó a la hora de replicarle que la subida de las tasas de agua y basura, así como del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (cuya revisión catastral se realizó ostentando USR la Alcaldía accidental) sí eran altas en comparación con las que se estaban debatiendo.

En líneas generales, esos mismos argumentos fueron repetidos en otros puntos mientras que en determinados momentos siquiera hubo debate. Finalmente, además del IVTM el gobierno sacó adelante en solitario los cambios para el impuesto sobre las Plusvalías; construcciones y obras; entrada de vehículos; licencias urbanísticas; transmisión de licencias de taxi; mercado de abastos; licencias de apertura; zanjas y catas; captura de animales abandonados (de nueva creación); venta de placa de Vado y uso de la nave municipal para la parada de sementales.

Como ejemplos, el gobierno expuso que una placa de vado pasará de 15 a 18 euros por la subida de costes mientras que un puesto del mercado pagará hasta 97 euros al año "menos de 10 euros al mes por un alquiler para tener un negocio".

Además de éstos, el PP se abstuvo en la votación de la subida de la tasa por expedición de documentos y la de instalación de puestos y barracas. USR mantuvo siempre el votó en contra y reprochó directamente al alcalde que la subida de las licencias de apertura chocaba con una de las promesas electorales del PSOE: la bonificación de este concepto para activar la economía local, por lo que les tachó de "mentirosos".

Sí hubo unanimidad a la hora de aprobar un primer punto de carácter urbanístico consistente en una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística en el sector Petroquímica-Cepsa. Según explicó el concejal de Industria, Manuel Melero, se trata de la reclasificación de dos parcelas en el sector con la obtención a cambio de otros suelos que pasarán a ser espacios libres y reportará ingresos de unos 3 millones de euros al Consistorio.

Aunque el Partido Popular apoyó la iniciativa por ser un trámite que se inició bajo la etapa de Fernando Palma, el PP no dejó escapar las críticas que en 2010 empleó el PSOE (con Ruiz Boix como portavoz) para negarse al proyecto. El alcalde zanjó el asunto señalando que desde 2010 cursaron alegaciones al trámite urbanístico que lo ha mejorado, motivo por el cual fue apoyado desde el actual gobierno.