Jimena

Localizan en Marrufo la mayor fosa común del franquismo de Cádiz

  • Testimonios orales indican que en el Cortijo hay entre 300 y 600 personas enterradas. El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar exige la exhumación de los restos

La Federación Estatal de Foros por la Memoria y el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar presentaron las conclusiones de una investigación sobre una fosa común ubicada en el Cortijo del Marrufo, en el Valle de la Sauceda, límite entre Cádiz y Málaga, donde muchos jimenatos sufrieron la represión franquista. El volumen de personas fusiladas y el horror que allí se vivió la convierten en la mayor fosa común del franquismo en Cádiz y una de las más importantes de España a campo abierto. Estas conclusiones son fruto de un año de trabajo. Testimonios orales indican que en la fosa habría entre 300 y 600 mujeres, hombres y niños.

Los trabajos topográficos, las prospecciones y las catas sirvieron para localizar las fosas. El proyecto se ha desarrollado en dos fases, según explicó Jesús Román, coordinador arqueológico. La primera consistió en una prospección del terreno, a través de medios geofísicos, para localizar las posibles evidencias relacionadas con las personas que fueron asesinadas y enterradas en este lugar. Gracias a los trabajos localizaron vainas y proyectiles de arma corta y arma larga, en torno a los lugares donde los testimonios indicaban la posible existencia de fosa común. La segunda fase se basó en sondeos arqueológicos para delimitar las fosas comunes y confirmar la existencia de cuerpos óseos.

Por otra parte, Andrés Rebolledo, presidente del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y nieto de fusilado, afirmó que van exigir al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que exhumen los restos. También solicitó la Junta que declare el Valle de la Sauceda como Lugar de Memoria.

El presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, José María Pedreño, hizo referencias al nuevo protocolo de exhumaciones presentado por el Gobierno, que en su opinión convierte lo que debería ser un proceso penal en administrativo. "No entiendo por qué se deja a los familiares una responsabilidad del Estado", expuso Pedreño.

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