El alcalde, Jorge Romero, interpuso en la mañana de ayer una denuncia penal contra los tres exalcaldes: Alonso Rojas, Ángeles Ariza y Juan Montedeoca, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, realizadas en las contrataciones de Personal en los últimos ocho años. También se incluyen en la querella a los exconcejales de Personal, Antonio Rodríguez y Estefanía Ruiz y el que fuera gerente de la empresa pública Iniciativas Los Barrios, Juan Sandubete.

No se descarta incluir otros supuestos delitos que puedan surgir durante el procedimiento, explicó el alcalde, quien añadió que "estas decisiones se adoptaron con pleno conocimiento de causa sobre su ilegalidad por parte de los responsables públicos y en todo momento se evitó el control político de los partidos de la oposición y el control técnico de los funcionarios con responsabilidad en la materia, incluidos los habilitados nacionales".

El regidor barreño explicó que la denuncia se sustenta en cinco supuestos. El primero hace referencia a las contrataciones efectuadas "a dedo" sin ajustarse al procedimiento legalmente establecido con vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública. En esta situación se encuentran las contrataciones en Iniciativas Los Barrios de los ex concejales Juan González Oliva, Manuel Sánchez Hernández y José Jaén Vega. También se encuentra la contratación de la esposa de Juan Sandubete por GAMA.

Otra de las líneas de contratación era según la querella, los nombramientos en puestos de responsabilidad de trabajadores afines que no reunían los requisitos necesarios para desempeñar estos trabajos. "De esta manera los ediles y concejales denunciados se garantizaban el disponer de un técnico en las diferentes parcelas de relevancia que siguiera las órdenes de los responsables políticos por muy contrarias a la legalidad que fueran", se apunta en la denuncia. Además, el primer edil reveló que se incumplían las normas laborales en materia de contratación para que los contratados temporales se convirtieran en contratos indefinidos, por fraude de ley. El alcalde añadió que "era la puerta de atrás para entrar en el Ayuntamiento" y en esta situación se encuentran 189 trabajadores.

En la querella, el alcalde también alude al a contratación por sociedades municipales de trabajadores temporales del Ayuntamiento que se vieron obligados a salir por falta de plaza en la plantilla municipal ante la gran cantidad de personal contratado desde 1994 a 2007.

Finalmente, informó el primer edil de la cesión ilegal de trabajadores de las empresas municipales y la posterior entrada en el Ayuntamiento por vía de hecho y sin control alguno, posibilitando que los trabajadores allegados recurrieran a los Tribunales para conseguir un contrato indefinido.

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