Los informes que la Intervención General de la Junta realizó sobre las ayudas a los trabajadores afectados por los ERE sí fueron contestados por la Consejería de Empleo, y se adjuntaron como alegaciones antes de que se redactasen las conclusiones. Quien realizó los informes fue el viceconsejero, Agustín Barberá, que se mantuvo durante una legislatura y media junto al titular Antonio Fernández. En un extenso informe -que ayer pudieron leer los periodistas durante el encuentro con la consejera de Hacienda-, Barberá explica que el método escogido de transferencias de explotación está recogido en la legislación, que los "asesores" de la Consejería en esta materia así lo aconsejaban y que otros métodos hubiesen supuesto "un dilatado proceso administrativo" que se descartó "por la naturaleza de las actuaciones, muchas de ellas dirigidas a evitar colapsos de empresas, propiciar su salvación o restablecer la paz social".

El modelo de subvención excepcional que propone el interventor general en sus informes hubiese obligado, en efecto, a un recorrido más lento, aunque con mayores garantías.

Las ayudas para las prejubilaciones a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo se encuentran en los Presupuestos Generales bajo el epígrafe 31L. Con estos fondos, un total de 647 millones de euros desde 2001, se facilitaba la prejubilación de empresas en crisis. La Consejería de Empleo enviaba una transferencia de explotación al IFA, y este instituto pagaba a la agrupación de ex trabajadores para constituir una póliza de la que pudieran cobrar hasta su jubilación a los 65 años.

En 2008, la Consejería de Empleo ya cambió el modelo y optó por el modelo de encomienda en el caso de Delphi. Aun así, hay dos intrusos encontrados entre las empresas auxiliares de esta compañía.