La Consejería de Salud quiere explorar la fórmula del concurso público en el grueso de la factura farmacéutica pública para obtener medicamentos más baratos. En ello está, intentando hacer de los colegios de farmacéuticos sus compañeros de viaje. La Junta entiende que actúa conforme a su capacidad normativa, pero el Ministerio de Sanidad no lo ve así. De hecho, el departamento de Leire Pajín está preparando dos decretos que podrían limitar seriamente los movimientos iniciados por el SAS y cuyo contenido discutirá este jueves con las comunidades autónomas: uno sobre remisión de información relativa a deducciones en la facturación de las oficinas de farmacia y otro sobre financiación y márgenes de productos sanitarios.

El núcleo de la propuesta del SAS es subastar el suministro de determinados principios activos y otorgar ese contrato al mejor postor. Esa medida implicaría colisionar de hecho (aunque es posible que no desde el punto de vista jurídico) con la prerrogativa ministerial de fijar los precios de los medicamentos. Además, para la industria farmacéutica (tanto Farmaindustria, que agrupa a los denominados laboratorios innovadores, como Aeseg, de los fabricantes de genéricos) ese concurso público supone introducir una disparidad de precios dentro del Estado que rompería la unidad del mercado y daría origen a riesgos de desabastecimiento si quienes obtienen barata esa mercancía en Andalucía al principio de la cadena de suministro (básicamente, las empresas de distribución) se dedicasen a venderla más cara en otras comunidades.

El último posicionamiento de Farmaindustria al respecto, de hace tres días, es claro: la idea de la Consejería de Salud es un "atajo" más como los que están intentando otras comunidades autónomas, sólo que, dadas las fortalezas de su andamiaje, puede tener visos de prosperar. De ser así, además de multiplicarse las posibilidades del efecto contagio en otros servicios regionales de salud (como ya sucedió con la prescripción por principio activo), las empresas que no ganasen ese concurso se verían expulsadas del mercado, dado que las recetas emitidas en los centros de salud y dispensadas en las oficinas de farmacia suponen más del 80% del gasto farmacéutico público. En un país con las medicinas más baratas de Europa, en el que un omeprazol cuesta menos que un huevo kinder, ese escenario se percibe como un problema serio para las expectativas de beneficios (y de inversiones en I+D y en empleo) de las compañías farmacéuticas y, en general, para todo el sector. Según Farmaindustria esa subasta no es una rebaja, sino una modificación de precios que invade claramente las competencias fijadas en la normativa básica estatal, y le pide al Ministerio "liderazgo" para evitar la ruptura del Sistema Nacional de Salud.

Teóricamente, el SAS podría haberse embarcado en solitario en esta aventura: ya existen concursos públicos en los hospitales. Pero quiere que su estrategia esté presente en el contenido del convenio de relaciones con los colegios farmacéuticos, y a esa voluntad no sería ajena la presión sobre los boticarios relativa a los descuentos en algunos productos, como las tiras reactivas de diabetes o los pañales de incontinencia. La idea del SAS es que la Junta identifica al ganador del concurso, la distribución compra su producto y la farmacia lo dispensa.

Por ahora, la reacción de los farmacéuticos es de desconfianza ante una Administración a la que sólo ve apretar las tuercas del sector, de dudas sobre hasta qué punto eso va a repercutir en sus ingresos y de temor a enfadar al SAS (su gran pagador) o, peor, a que la estrategia de Salud siente el precedente de algo que aún no se sabe qué es pero que puede ser malo para la viabilidad de la campana de cristal legislativa que protege sus intereses en aras de la equidad en el acceso al medicamento. Pero siguen negociando con su socio preferente: la Junta.