La acusación popular que ejerce el PP en la causa de los cursos de formación ha reiterado a la juez María Núñez Bolaños su petición para que le entregue copia de todas las "grabaciones audiovisuales originales" de las declaraciones prestadas en el curso de esta investigación, para unirlas a la "denuncia" que los populares han anunciado que presentarán contra la instructora por la supuesta filtración del futuro archivo de la investigación sobre la denominada pieza política en la que están imputados los ex directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y los jefes de servicio.

Después de solicitar en un primer escrito estas grabaciones, la juez María Núñez Bolaños dictó un auto en el que recuerda a la acusación popular en la macrocausa de los cursos de formación que la grabación audiovisual de las declaraciones es el "acta" de las mismas y requirió al PP para que entregue en el juzgado "todas" las grabaciones que les han sido facilitadas, detallando por "minutos" los defectos que hayan detectado.

El PP no ha accedido a lo que acuerda la juez en el auto pero ha presentado un nuevo escrito, fechado el 19 de julio, en el que justifica la reiteración de la entrega de las copias. "Siguiendo expresas instrucciones de mi cliente, venimos a solicitar a la letrada de la Administración de Justicia, como garante de la fe pública y de la documentación de las actuaciones, que nos haga entrega de certificación o testimonio de las grabaciones audiovisuales originales de las declaraciones de testigos e imputados celebradas hasta la fecha en las presentes diligencias", precisa el escrito del PP, que  justifica la petición de la siguiente forma: "Y ello, al objeto de acompañarlas junto con la denuncia que mi cliente tiene previsto interponer ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", en alusión a la queja que el PP anunció que presentaría contra la magistrada María Núñez Bolaños.

El auto de la instructora contestaba a un primer escrito presentado por el PP en el que aseguraba que todas las grabaciones que le habían sido entregadas en relación con los cursos de formación son "defectuosas, incompletas y contrarias al texto de as actas que se han entregado de las declaraciones".

En respuesta a esa petición, Bolaños señaló en primer lugar en su resolución que, de acuerdo con los artículos 454 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 145 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las actuaciones procesales que no consistan en escritos y documentos se documentarán por medio de actas y diligencias, pero cuando se utilizan medios técnicos de grabación o reproducción, "el letrado de la Administración de Justicia –antes secretario- garantizará la autenticidad de lo grabado o reproducido, siendo pues el responsable  tanto de la grabación como de las copias que se entreguen a las partes". La grabación, proseguía el auto, "constituye el acta de documentación de la actuación procesal y se prohíbe su transcripción", de acuerdo con el artículo 147 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que "las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparecencias celebradas ante los jueces o magistrados o, en su caso, ante los secretarios judiciales, se registrarán en soporte apto para la grabación y  reproducción del sonido y la imagen y no podrán transcribirse".

En el escrito del PP, continuaba Bolaños, se alega divergencia entre la grabación y el acta escrita, pero "no existe transcripción alguna del acta realizada en este juzgado, si bien y por deferencia a las partes, la letrada de la Administración de Justicia hace una sucinta relación de lo manifestado, que carece de valor siendo, sólo y exclusivamente, la grabación el acta de documentación de la actuación procesal".

Recuerda además la juez que esta acusación ha solicitado copia de todas las grabaciones, pues "al parecer todas son defectuosas o incompletas".

Ante este escrito y con la finalidad de "comprobar la existencia de las deficiencias alegadas, siendo la secretaria de la Administración de Justicia garante de la autenticidad de lo grabado o reproducido", la juez reclamó al PP que aporte "todas las grabaciones entregadas en el soporte original, con indicación del defecto concreto y minuto en el que se produce, a fin de que por la letrada de la Administración de Justicia se proceda al cotejo con la grabación original que se conserva en el servicio de informática –programa Arconte- y compruebe los defectos o deficiencias que indique la parte dando cuenta de los mismos y su causa".

El auto de Bolaños se produjo después de que las asociaciones profesionales de jueces Francisco de Vitoria y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) denunciaran lo que consideran una "tendenciosa campaña partidista" contra la juez María Núñez Bolaños. 

En el comunicado suscrito por las dos asociaciones –faltan la progresistas Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- se asegura que en los últimos tiempos han sido testigos de una "tendenciosa campaña sobre el caso de los ERE", de inspiración "partidista" y con el evidente objetivo de condicionar la labor de la titular del juzgado que instruye el caso, "insinuando de forma insidiosa y sin la más mínima base, que tiene predisposición hacia una parte y hasta que oculta y destruye pruebas".