Dentro de la política sanitaria de la Junta de Andalucía, destacan dos medidas pioneras a nivel nacional que han levantado cierta polémica desde su entrada en vigor. Una es la llamada prescripción enfermera, que permite a los profesionales de este sector dispensar determinados medicamentos, una labor que antes sólo podían realizar los facultativos. La otra es la denominada subasta de medicamentos, un sistema de selección pública de fármacos que ya va por su séptima convocatoria y que tiene por objetivo reducir el gasto sanitario del Sistema Andaluz de Salud.

En los casi cuatro años que lleva en funcionamiento, el PP andaluz ha criticado ferozmente una medida que los socialistas defienden como "positiva y garante de la calidad asistencial y la equidad", en palabras del portavoz de sanidad del PSOE en el Parlamento, Francisco José Vargas. Sin embargo, el verano pasado, el Gobierno central planteó la implantación de un modelo similar a nivel nacional, después de recurrir de manera sistemática las subastas andaluzas. El programa electoral que llevó el PSOE a las generales del 20 de diciembre también aboga por la extensión del sistema andaluz al resto de territorios, con una estimación de ahorro de 500 millones de euros anuales según la Organización Médica Colegial, afirman los socialistas. El debate está servido, pero los partidos con presencia en la Cámara andaluza siguen posicionados en varios bandos: un PSOE que defiende el sistema a capa y espada, seguido de Podemos e IU, que piden mejoras en el modelo de la Junta y el bloque más negacionista de PP y Ciudadanos.

Uno de los principales argumentos en contra esgrimidos por estas fuerzas es el rechazo de "pacientes, profesionales sanitarios, farmacéuticos y la propia industria", apunta María Isabel Albás, portavoz de sanidad del partido naranja en la Cámara andaluza. Su homóloga en las filas populares, Catalina García, añade a estos colectivos a las organizaciones de consumidores y a profesionales del derecho administrativo. "No está funcionando bien. Está provocando un gran problema de salud y afecta de forma de vida a la calidad de vida de os andaluces, pero sólo podremos comprobarlo a largo plazo", apunta García en referencia a la posibilidad de que se produzcan problemas de abastecimiento. "Debido a la falta de estructura de los laboratorios adjudicatarios, se cambia continuamente la presentación del medicamento", asegura la portavoz popular en la comisión de sanidad del Parlamento. Según García la consecuencia de estos cambios es la falta de adherencia al tratamiento. "Hay pacientes que no toman el fármaco por desconfianza, otros lo confunden y algunos lo toman doble", apostilla Catalina García.

En Podemos también consideran indispensable que los laboratorios sean capaces de satisfacer la demanda, pero hay otros grupos que tienen otro tipo de exigencias con las empresas. "Las industrias que nos abastecen son extranjeras y no aportan nada al PIB", critica Albás, que comparte postura con los populares. En IU van más allá: "Sería interesante explorar vías para la producción en Andalucía de una parte de los medicamentos que ahora se adquieren en el mercado". Son palabras de Inmaculada Nieto, responsable de sanidad en la coalición de izquierdas, que aboga por vigilar "la calidad del empleo de las personas que trabajan en las compañías suministradoras, su inversión en investigación, su compromiso medioambiental o con las políticas de género".

El responsable de salud de Podemos, Juan Antonio Gil, propone otro tipo de cambios. "Deberíamos avanzar en las políticas efectivas de uso racional del medicamento y potenciar el papel de las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, además de plantear el uso de alternativas farmacoterapéuticas más eficientes", señala el diputado de l formación morada.

Sin embargo, ni Podemos, ni IU apuestan por la derogación del sistema como sí lo hace el PP, que no sólo alega problemas sanitarios, sino que niega el ahorro que defienden los socialistas. "En 2012, por ejemplo, la previsión era ahorrar 40 millones de euros y no se llegó ni a los 9,3 millones", apunta Catalina García, que también denuncia que no conocen a qué se destinan los fondos que liberan al utilizar el modelo de subasta.

"No queremos derogar ni cambiar nada de este modelo de selección pública de medicamentos", afirma el responsable del PSOE, pero, a su vez, explica que en el partido del Gobierno no se niegan a oír otras propuestas. "Si alguien pusiera sobre la mesa alternativas de la misma eficacia, seguridad y calidad, las valoraríamos, pero por ahora no ha sido ese el caso", sentencia Vargas, que cifra el ahorro en 121 millones, invertidos en "implementar nueva tecnología e introducir nuevos fármacos".

La respuesta del principal partido de la oposición al respecto es adherirse a las "normas estatales sobre precios de referencia más bajos que producen un ahorro permanente sin afectar a la equidad ni a la competencia". Según la portavoz popular es la fórmula que utilizan el resto de comunidades autónomas. En Ciudadanos, solicitan una reunión del Consejo Interterritorial de Salud para que "todos los ciudadanos tengan un acceso igual a los medicamentos" y abogan por establecer un sistema de compra centralizada a nivel nacional. "A mayor volumen, se podrían conseguir precios más económicos con la misma calidad", apunta María Isabel Albás.

A pesar de la disparidad de opiniones, existe un consenso entre los cinco grupos con presencia en el Parlamento. La calidad está absolutamente garantizada, puesto que todos los fármacos, sin importar su método de adquisición, cuentan con el aval de la Agencia Española del Medicamento. Incluidos los que sean elegidos en el octavo concurso convocado por la Junta, que ya está en marcha.