Andalucía

La presidenta andaluza rechaza "abrir la puerta" de la Junta a empleados de servicios externalizados

  • Susana Díaz recrimina a la portavoz adjunta de IU, Elena Cortés, que culpe a su Gobierno de "provocar" problemas laborales porque "no se lava las manos nunca ante los conflictos".

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha rechazado este jueves la posibilidad de "abrir la puerta" en la Administración a los trabajadores de empresas que prestan servicios externalizados de la Junta, porque ello implicaría "saltarse la ley" y el principio de igualdad de oportunidades. 

"Cuando se transmite a estos trabajadores que la solución a sus problemas pasa por que la Junta rescate el servicio, se les está engañando porque perderían su empleo", ha advertido Díaz a la portavoz adjunta de IU, Elena Cortés, quien le ha preguntado en la sesión parlamentaria de control al gobierno sobre los conflictos laborales asociados a la gestión del Ejecutivo andaluz. 

La jefa del Gobierno andaluz ha hecho estas manifestaciones después de que Cortés criticara la "equidistancia insoportable" que, en su opinión, mantiene Díaz respecto a los conflictos laborales "provocados" por la gestión de su gobierno y asociados a procesos de privatización de servicios públicos. Ha puesto como ejemplo la externalización de los servicios de emergencias 112 y 061, así como de las cafeterías de los hospitales, los comedores escolares o las ayudas a domicilio. 

"Este Gobierno no se lava las manos nunca ante los conflictos", ha replicado Díaz, que ha asegurado que la Junta va a seguir manteniendo la colaboración con los sindicatos y la Inspección de Trabajo para que "se garanticen las condiciones" laborales, pero no va a "abrir la puerta en la administración a todos esos trabajadores porque -ha recalcado- me saltaría la ley". 

Se ha mostrado sorprendida de que IU achaque los conflictos laborales en esas empresas a la gestión del Gobierno andaluz, pues en la etapa en la que la federación de izquierdas formó parte del gobierno de coalición no escuchó "ni un sola vez" preguntar a la entonces consejera de Fomento, Elena Cortés, por el 112 ó el 061. 

"Y estuvimos mucho tiempo compartiendo mesa en el Consejo de Gobierno", le ha recordado, tras lo que ha rechazado que se hayan privatizado servicios. 

Ha dicho, además, que esas empresas "nunca prestan un servicio público fundamental" y, en todo caso, se "sigue actuando de la misma manera que cuando compartíamos -ha remarcado- la mesa del Consejo de Gobierno", ha insistido. 

No obstante, ha asegurado que su pretensión es que los trabajadores de esas empresas "empiecen" también a "recuperar derechos" que les fueron "arrebatados" por un reforma laboral "infame". 

La presidenta de la Junta ha dedicado gran parte de su intervención a detallar los "derechos" que han recuperado los empleados públicos en Andalucía tras siete años de crisis. 

"Se lo puede preguntar a los 14.000 empleados del Servicio Andaluz de Salud, que han recuperado el cien por cien de su jornada y retribución; a los más de 200.000 que al final de este mes van a recuperar el 25 por ciento de la paga extra que se le quitó en el 2012, así como el 1 por ciento de incremento en su nómina y la recuperación de los días adicionales de permiso", ha resaltado Díaz, que ha recordado que ello supondrá un desembolso de 370 millones. 

"Mi propósito es que en esta legislatura recuperen todos y cada uno de sus derechos que la crisis se llevó por delante", ha remachado. 

La portavoz adjunta de IU, Elena Cortés, ha sostenido que el proyecto de Ley de Servicios Sociales "avanza en ese proceso de privatización" y le ha interrogado: "¿Cómo tiene pensado proteger los derechos de los trabajadores de estas empresas que gestionan servicios públicos". 

Ha puesto también como ejemplo la situación de los intérpretes de la lengua de signos de Canal Sur, tras lo que ha recriminado a la presidenta de la Junta por "esconderse en un burladero que ya no existe", en referencia al gobierno de coalición anterior. 

Cortés ha dicho que espera que haya dado "instrucciones" a su gobierno para cumplir la moción que se aprobó en el anterior periodo de sesiones "para abordar procesos de control de esas externalizaciones". 

"Hay que hacer un seguimiento del cumplimiento exhaustivo de los pliegos de condiciones porque el Gobierno tiene que proteger los derechos de los trabajadores", ha exigido Cortés, que ha subrayado que su grupo va a demandar la protección de los derechos laborales y que la Junta sea "absolutamente rigurosa" en el seguimiento de las condiciones de los contratos con empresas privadas.

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