Andalucía

Los ex consejeros Vallejo y Recio niegan responsabilidad en el fraude

  • Vallejo reitera la petición de archivo porque "cumplir la ley nunca puede ser un delito" y Recio responde con muchas evasivas

Los ex consejeros de Innovación y Empleo Francisco Vallejo y Manuel Recio negaron ayer cualquier responsabilidad en el fraude de los ERE, por el que prestaron declaración en calidad de investigados en la pieza abierta por el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas.

El primero en declarar fue Francisco Vallejo, quien aseguró al juez de refuerzo Álvaro Martín que en los cinco años que estuvo en el cargo (entre 2004 y 2009) sólo le dedicó "10 minutos" al estudio de las transferencias de financiación y precisó que ese tiempo se distribuyó en dos sesiones, una de dos minutos y otra de ocho, según explicaron fuentes del caso.

En una declaración voluntaria que se prolongó por espacio de unos 45 minutos, Francisco Vallejo indicó al instructor que "no sabía cuál era el uso" de las transferencias de financiación, el mecanismo que se empleó durante una década para el pago de las ayudas sociolaborales y directas a empresas a través del IFA/IDEA.

El ex consejero, que alegó que los parlamentarios andaluces eran conocedores del uso de las transferencias de financiación, explicó que hasta el año 2007 no tuvo conocimiento de que existía un déficit de tesorería en la agencia Idea por el uso de las transferencias y se negó a responder a la pregunta de la acusación popular del PP respecto a si "no es cierto que en 2004 en la memoria de cuentas anuales ya figuraba el déficit generado en Idea de 93 millones".

El ex alto cargo recordó que cuando se produjeron los problemas de Santana Motor existía un desfase presupuestario, pero subrayó que él "siempre consideró que el desfase era algo normal en el IFA/Idea porque la agencia estaba creada para dar respuesta a situaciones de crisis", por lo que no se planteó que tuviera que preocuparse por dicho desfase. Vallejo dijo que nunca leyó el convenio marco de 2001 por el que se concedían las ayudas ni la ley de Presupuestos, porque eran "5.000 folios".

El ex consejero señaló que conocía que el IFA/IDEA está sometido a Control Financiero Permanente (CFP) pero "nunca" le llegaron los informes, aunque reconoció que al Consejo de Gobierno llegaron al menos tres informes de CFP, pero lo hicieron no como un punto político sino como un "índice verde" que se aprobaban sin más.

Vallejo pidió al juez que archive la causa contra él porque no existe "ninguna prueba o indicio" contra él y porque "cumplir la ley no puede ser nunca un delito", aseveró en relación a que cada año la ley de Presupuestos santificaba la partida 31L y el uso de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas. "Creo y lo dije en Granada que después de cinco años de investigación sin que exista ninguna prueba ningún indicio ni contra mí ni contra muchísimas otras personas de Innovación, ni del IFA, ya es el momento de que separe el grano de la paja, de que la gente que de verdad haya algún indicio o prueba de que han tenido responsabilidad siga adelante el procedimiento", precisó. El ex consejero explicó que está "tranquilo desde el primer momento", porque cree en la Justicia. "Eso no quiere decir que crea en todos los componentes de la Justicia".

Por su parte, el ex consejero de Empleo Manuel Recio sostuvo que no conocía el uso de las transferencias de financiación para el pago de las subvenciones y alegó que no sabía lo que era la partida presupuestaria 31L, conocida popularmente como el fondo de reptiles.

Según fuentes del caso, el ex consejero contestó a muchas preguntas que se le plantearon en el interrogatorio con evasivas o asegurando que desconocía lo que se le preguntaba. Recio afirmó que no es experto en materia presupuestaria, por lo que dijo que sólo conocía el "entorno macroeconómico" que se diseñaba.

Sí señaló que a partir del escándalo de Mercasevilla, en noviembre de 2010 ordenó a varios funcionarios que hicieran una "investigación reservada" sobre lo que estaba ocurriendo con las ayudas de los ERE. Recio añadió que consultó a los servicios jurídicos si podía seguir pagando las ayudas en el caso de aquellos expedientes donde no se habían detectado irregularidades, y la respuesta fue que debían abonarse por un principio de "seguridad jurídica".

El ex alto cargo afirmó que "nadie" le advirtió de que la Junta de no tuviera competencias en materia de ayudas sociolaborales -competencia que estaría reservada al Gobierno central-, y dijo que los visos eran todos favorables.

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