Parecía que las constructoras se habían quedado con la miel en los labios cuando Zapatero revocó el faraónico trasvase del Ebro a principios de 2005, pero nada más lejos de la realidad. El cambio de rumbo de la política hídrica de nuestro país no las dejó sin contratos, es más, han podido acceder a un negocio, el del agua, que tan sólo a través de Acuamed, la sociedad estatal de las Aguas de la Cuenca Mediterránea, ha movido en la última década cerca de 2.800 millones de euros con alrededor de 120 proyectos, en su mayoría de desalación, con los que fabricar más de 800 hectómetros cúbicos de agua en el litoral mediterráneo. En Almería la planificación inicial se diseñó con un coste de 520 millones de euros para poner en marcha una quincena de obras para conseguir los 117 hectómetros cúbicos que ya no llegarían con el trasvase. Pero una década después la realidad es bien distinta. La provincia no dispone aún ni de la mitad de los recursos esperados cuando se han invertido más de 700 millones. Es decir, mucho más gasto cuando el mapa de actuaciones se ha ido reduciendo, sobre todo con la crisis y sus recortes, y se aparcaron grandes infraestructuras sin que el descuento de la inversiones hiciera mella en la cuenta final. No se sabe nada de la desalobradoras de Adra y de la Balsa del Sapo, contempladas incluso en los presupuestos estatales durante años, así como también se reculó en el intento de compra de la desaladora de Rambla Morales, polémica infraestructura que arrastra una deuda de más de 258 millones de euros con bancos y proveedores.

El estallido de la operación Frontino ha salpicado de lleno a la gestión de la planta de Villaricos, pero también ha sembrado serias sospechas sobre los contratos del resto de infraestructuras de Acuamed en su conjunto. Decía el prolífico escritor Alberto Vázquez Figueroa, uno de los precursores en los noventa de la desalación por osmosis inversa, que "el gran negocio sucio del mundo hoy no es la gasolina, ni el petróleo, ni las armas… el negocio más sucio del mundo es el agua". Lo recordó a raíz de la reunión que mantuvo con el ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, uno de los artífices del trasvase del Ebro que acabaría después en prisión por otros delitos, a quién reprochó que esta colosal infraestructura empezara los trabajos por Almería, donde el agua llegaría "con suerte" veinte años más tarde y dónde lo que hicieron fue expropiar un terreno y colocar una tubería para venderlo después a una urbanizadora. Acuamed se ha convertido, y lo dice el auto del juez Eloy Velasco, en una "organización criminal" que favoreció los intereses financieros de contratistas a cambio de viajes, comisiones, regalos e implantes de pelo.

La gestión de los últimos años de la sociedad estatal está en el ojo del huracán y evidencia la putrefacción del sistema político y económico cuando hay muchos millones en juego. Y en materia de desalación los billetes han llovido desde Europa, si bien ahora serán fiscalizados y auditados todos los proyectos uno a uno para conocer si se devuelven los fondos, lo que propiciaría la estocada definitiva para Acuamed, un cierre que ya reclamó el Tribunal de Cuentas hace poco más de un año cuando analizó los sobrecostes, retrasos y otras prácticas anormales de las que se desprenden serios indicios de responsabilidad penal. Eran más de 330 millones de euros en desfases de nueve desaladoras del litoral mediterráneo los que en su análisis de la gestión de los años 2010 y 2011 encontró el órgano fiscalizado. También la Junta de Andalucía ha pedido más información y estará pendiente del proceso judicial por si tiene que personarse en la causa y reclamar la financiación de hasta 80 millones de euros con la que contribuyera al desarrollo de los proyectos. El portavoz del PP en el Congreso y diputado por Almería, Rafael Hernando, denunció en 2009 que en las obras de la provincia los gastos previstos habían crecido en la primera legislatura de Zapatero en más de 200 millones. Ahora la Justicia tiene en sus manos una irregularidad más reciente, la que se ideó desde Acuamed, con la connivencia de altos cargos de Medio Ambiente como Federico Ramos, quien ya ha dimitido, a raíz de la destrucción de la planta del Bajo Almanzora con las inundaciones de finales de 2012.

Era la constructora la que se tendría que hacer cargo del arreglo, a través de su seguro, pero Acuamed salió sorprendentemente en su rescate y se ofreció pagando parte de la reparación e inflando facturas de otros proyectos. El Ministerio ha iniciado una auditoría de las actuaciones y en las de Almería encontrará, como mínimo, sobrecostes de vértigo y retrasos históricos. Pero primero tendrá que dar respuesta a la planta de Villaricos, rota e inutilizada desde las riadas a pesar de que llevan ya tres ejercicios presupuestarios consignando partidas que nadie sabe dónde han desviado. Creció su coste en un 31,2% incluyendo un modificado de 11,2 millones y obras complementarias por valor de 6,8 millones más.

Y las ruinas de lo que fue una desaladora de vanguardia esperan un arreglo que nunca llega. También se disparó la factura de la del Campo de Dalías, que entró en funcionamiento a finales del pasado año, desde los 166 millones a los más de 240 que finalmente ha costado su puesta en marcha con 30 meses de retraso. Las conducciones de la desaladora de Carboneras hacia el Almanzora multiplicaron el precio y las empresas adjudicatarias serán ahora las que tengan que aclarar a los auditores en qué se invirtió ese dinero. El juez investiga el cambio de materiales de segunda después de presupuestarse y adjudicarse materia prima de primera calidad.

La planta de Almería se construyó de la misma forma, con una inversión final muy alejada de la que aparecía en el contrato, si bien el Ayuntamiento desistió de la reclamación a las empresas a pesar de tener un informe de sus técnicos en los que hablaban de errores millonarios. Pero es la de Carboneras, la que se remonta a la sociedad estatal previa a Acuamed, la que ha generado más sospechas. Triplicó su valor en cuestión de años y la propia ministra Cristina Narbona reconoció que fueron 45 los millones de sobrecoste, todo un despropósito. Eran otros tiempos y los que los fondos comunitarios alcanzaban el 75%. El control se relajó demasiado y los representantes públicos no se molestaron en pedir explicaciones a las constructoras. Infraestructuras a lo grande más allá de las necesidades reales. Hoy, con más financiación estatal, la supervisión de los contratos de grandes obras parecía mayor, si bien las empresas públicas, como mínimo las del agua, están contra las cuerdas por hacer precisamente lo contrario.

El Tribunal de Cuentas ha sido el último en cuestionar un modelo de gestión sometido a un grado significativamente menor que la Administración General del Estado a las normas del derecho presupuestario. De ahí el agujero de Acuamed hoy al descubierto, si bien no es nada nuevo. La planta de Carboneras tuvo informes de la Junta contrarios a su recepción por las innumerables deficiencias, pero al llegar a Madrid se ocultaron. Se miró hacia otro lado. Así lo reconoce un ex alto cargo regional presente en aquellas reuniones al recordar que "el comisionista era el que decidía todo, mandaba más que el secretario de Estado". Y así fue. La desaladora abrió pese a los incumplimientos. Hasta tuvieron que ponerle ventiladores a los motores de impulsión porque se calentaban en su puesta en servicio. Aguas turbias.

Desaladora Bajo Almanzora 

LA demora en las obras de reparación ha quedado al descubierto con la trama de Acuamed. El seguro caducó y la sociedad estatal quiso asumir el valor del arreglo cuando era competencia del contratista, al que además quisieron compensar en otras adjudicaciones. Más allá de la investigación judicial sobre este último movimiento que ya se ha cobrado dos víctimas, la del que fuera director general de Acuamed y gurú electoral de los populares, Arcadio Mateo, y del subsecretario de Estado de Presidencia, Federico Ramos, la construcción de la planta de Villaricos tiene una serie de incógnitas que nadie ha despejado en materia de sobrecostes y retrasos. El Tribunal de Cuentas alertó a finales de 2014 de que la inversión inicial en un 31,2% hasta más de 80 millones de euros, entre otros motivos por un modificado de 11,2 y otras obras complementarias por valor de casi siete para algo tan básico no contemplado como la captación del agua.  Antes de la adjudicación incluso se planteó que su valor sería de 50 millones, como constata un informe de viabilidad de los técnicos de Acuamed, un baile de cifras ante el que nadie respondió, como ocurrió tras ser destrozada por las riadas al año de su inauguración en 2011.

Desaladora Campo de Dalías

El informe del Tribunal de Cuentas publicado un año antes de su puesta en funcionamiento a finales de 2015, incidió en el tránsito inexplicable del valor de la infraestructura, con capacidad para producir 30 hectómetros cúbicos para regantes y abastecimiento de los municipios del Poniente, desde los 166,74 millones por los que se adjudicó en 2007 hasta los más de 240 que ha acabado costando a las arcas públicas. Muchos años antes de la adjudicación, cuando se comenzó a diseñar el programa AGUA de Acuamed el valor previsto para la infraestructura no superaba los 55 millones de euros. El órgano fiscalizador en su informe también hace especial hincapié en el retraso de la actuación, que se motivó por la complejidad de las expropiaciones y otros trámites ambientales, siendo en su conjunto la demora de más de 30 meses. De hecho se tuvo que modificar el proyecto inicial cambiando de ubicación, como también ocurriera con la planta desaladora del Bajo Almanzora, lo que disparó la inversión y conllevó la suspensión de los trabajos entre junio de 2010 y de 2011. Las obras se reanudaron el 30 de abril de 2012 y entró en funcionamiento en octubre del pasado año. Curiosamente, la sociedad estatal Acuamed en la información que difundió sobre la nueva planta sigue detallando un coste irreal, de 144 millones, casi cien menos de lo que finalmente han tenido que sufragar, con un considerable respaldo de financiación comunitaria. 

Desaladora de Rambla Morales 

FUE uno de los fracasos del Programa AGUA diseñado por Acuamed. Pretendían comprarla por 41 millones pero en 2012 encontraron que los costes de la comunidad de regantes ascendían a 258 millones. Al traste se fue la operación, dejando a la que fuera comunidad de usuarios más grande de Europa, que se agrupó en 1998 para poner en marcha la planta más controvertida de la provincia, compuesta y con su deuda. Se recepcionó en 2006 para paralizarse un año después. No ha dado servicio y sus dimensiones y capacidades nunca tuvieron una explicación más allá del sobrecoste. Se cargó contra la junta directiva por la planificación de una planta que para generar 20 hectómetros cúbicos requería invertir más de 120 millones. Pero había más interesados en disparar el presupuesto.

Desaladora de Almería 

AL igual que la planta de Carboneras, es una infraestructura previa al programa AGUA de Acuamed. Con el último proyecto para llevar los recursos desde La Pipa hasta el cerro de San Cristóbal el proyecto en su conjunto ascendió a 57 millones de euros, si bien sólo se pusieron en marcha dos de los siete bastidores con los que se inauguró.  En 2001 se hizo una auditoría por parte del Ayuntamiento de la capital que detectó errores millonarios en la ejecución de Pridesa-Abengoa con un alza sobre el presupuesto del 20%. Nunca se depuraron responsabilidades por el incremento de los costes. 

Desaladora de Carboneras

Entró en funcionamiento en julio de 2005, siendo una de las principales actuaciones del Plan Almería de Acusur que fue diseñado por el Gobierno de José María Aznar antes de la derogación del trasvase del Ebro. La planta estuvo al 18% de producción más de cinco años porque se construyó sin las conducciones necesarias para abastecer al Levante y Almanzora. La inversión que realizó el Gobierno, a través de la sociedad estatal que acabaría integrándose en Acuamed, fue de 185 millones de euros, casi el triple de lo presupuestado inicialmente. Así consta en un informe del Tribunal de Cuentas en el que cuestionan, además de los incrementos de precio, el retraso de 50 meses de la planta y su impulsión. Se planificó con capacidad para producir 42 hectómetros cúbicos, siendo en su momento la mayor planta de Europa, una apuesta por lo faraónico que todavía hoy, diez años después, nadie entiende. La entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reconoció un sobrecoste de 45 millones, pero nunca exigió responsabilidades por el incremento desmedido de los costes. Lo peor de todo fue que la asistencia técnica detectó un sinfín de errores y deficiencias que nunca se reclamaron a la constructora y que la adjudicataria de la explotación, Endesa, tuvo que asumir bajo presiones. Creció el presupuesto sin mejoras, sin que se cumplieran los requisitos y sin sacarlas a concurso.