Andalucía

4 meses para rescatar Abengoa

  • La compañía se acogió el pasado miércoles al preconcurso para negociar un convenio con sus acreedores

Abengoa formalizó el pasado miércoles en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla la solicitud del preconcurso de acreedores para la matriz y 25 sociedades del grupo. La compañía andaluza se convirtió así en la primera firma cotizada del Íbex 35 que se acoge al artículo 5 bis de la Ley Concursal. El preconcurso permite a las empresas en dificultades negociar un convenio con sus acreedores antes de declararse en suspensión de pagos. La empresa se protege contra las ejecuciones de deuda y evita que un acreedor inste al juez su declaración en concurso. A cambio, Abengoa tiene tres meses de plazo para alcanzar un acuerdo. Si no lo logra, la compañía cuenta con otro mes para presentar al juez la petición del concurso, conocido antiguamente como suspensión de pagos. Así, la multinacional andaluza dispone de cuatro meses para evitar el abismo.

La medida se precipitó por el paso atrás de Gonvarri Steel, filial del grupo vasco Corporación Gestamp, perteneciente a la familia Riberas. Gonvarri anunció el martes que desistía de inyectar 350 millones de euros en la ampliación de capital que Abengoa ultimaba en diciembre por un importe de 650 millones. Su aportación, que la habría convertido en el primer accionista, era crucial para la ampliación, aunque estaba vinculada a que la banca suscribiera un importante paquete de apoyo financiero, que Gestamp cifraba en 1.500 millones de euros. Al no encontrar el apoyo de las entidades, la firma retiró su oferta, una decisión "definitiva", según afirmó al día siguiente el presidente de Corporación Gestamp, Francisco Riberas.

Numerosas empresas en dificultades se han acogido al preconcurso durante la crisis. En el caso de Abengoa, la diferencia estriba en el tamaño. Con un pasivo de más de 20.000 millones de euros, una deuda bruta de 8.791 millones y pagos pendientes a proveedores por un importe de 5.470 millones, Abengoa podría protagonizar el mayor concurso de la historia de España, superando a Martinsa-Fadesa que se declaró insolvente en 2008 con 5.100 millones de deuda.

Presente en 80 mercados, Abengoa empleaba a 28.668 personas hasta el pasado 30 de septiembre. 6.593 se localizaban en España y unos 4.000 -la mayoría de alta cualificación- tenían su centro de trabajo en Sevilla, donde se encuentra su sede social y su principal centro de I+D. A ellos hay que agregar el empleo inducido por sus proveedores, la mayoría pymes para los que Abengoa supone su principal cliente.

Y este drama social estalla a menos de un mes de las elecciones generales. Mariano Rajoy y Susana Díaz han coincidido en coordinar una salida sin participación pública, orientada fundamentalmente a que Abengoa logre un acuerdo con sus acreedores que permita su continuidad o a la llegada de un socio industrial que asuma el grupo.

A comienzos de siglo, Abengoa dio un giro estratégico dejando de lado su negocio tradicional de ingeniería y construcción para centrarse en el desarrollo de la energía solar y los biocombustibles. Su apuesta fue clave para situar a Andalucía por primera vez en la vanguardia de una revolución tecnológica. El complejo Solúcar, en Sanlúcar la Mayor, se erigió en referente mundial y la firma andaluza fue elogiada por el presidente Barack Obama en julio de 2010, cuando le concedió unas garantías federales para una planta solar en Arizona.

Pero esta apuesta requiere de una elevada inyección de capital a un alto coste por su riesgo tecnológico. Y ello coincidió a partir de 2008 con una crisis financiera mundial que restringió el crédito. Además de recurrir a los mercados, Abengoa se desprendió de filiales rentables y con ingresos estables como Befesa, su división medioambiental, o Telvent, especializada en telecomunicaciones, para financiar esta expansión.

La reforma energética española, que recortó las primas a las plantas solares, fue un duro golpe, pero España apenas aporta el 14% de su negocio total. Sus dificultades estriban tanto en el tamaño de la deuda como en su coste. En un momento en el que España se financia a corto plazo a tipos cercanos al 0%, el interés medio de la deuda bruta se sitúa en el 7%. Los vencimientos de aquí a 2018 ascienden a 4.861 millones de euros. Y sus acreedores ponen en duda que la compañía genere suficiente recursos -descontados inversiones y gastos operativos como el pago a proveedores de bienes y servicios o los salarios de la plantilla- para atender su endeudamiento.

Aproximadamente el 40% de la deuda bancaria de Abengoa corresponde a la banca española, encabezada por el Banco Santander, aunque también están expuestos Banco Popular, Sabadell, Caixabank y Bankia. Entre los bancos extranjeros se encuentran HSBC, Bank of America o Société Générale, entre otros. Si la empresa se declarara en default, las entidades se verían obligadas a provisionar estos créditos. Según Standard & Poor's, el concurso recortaría un 13% el beneficio previsto para la banca española en 2016.

El Estado se juega también 415 millones repartidos entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Cofides y Cesce, a los que habría que agregar la financiación otorgada por la nacionalizada Bankia -propiedad en un 63% del FROB-. Mientras que los bancos españoles se muestran sensibles a buscar una salida, los extranjeros son menos proclives a aumentar su exposición a la compañía. Desde el sector financiero español se valora el potencial industrial, -a diferencia de lo que ocurrió con la inmobiliaria Martinsa, por ejemplo- una baza que la banca acreedora quiere jugar para poder dar viabilidad a la empresa y lograr una salida aunque el escenario sea complicado.

Pero Abengoa no sólo debe dinero a la banca. La firma ha realizado once emisiones de bonos por un importe de 4.347 millones. La compañía ha invitado a los bonistas a formar un comité para negociar su refinanciación. Pero sus intereses pueden divergir de los de la banca, lo que enrarece aún más la firma de un convenio.

La desconfianza ha minado a los inversores a partir de noviembre de 2014. La forma de computar las garantías de unos bonos emitidos por su filial estadounidense Abengoa Yield levantó dudas entre los analistas, derribando su cotización en bolsa. La compañía logró restablecer la confianza tras presentar una nueva clasificación de la deuda. Sin embargo, los mercados no dieron más oportunidades cuando el pasado 3 de agosto la compañía lanzó una ampliación de capital por 650 millones apenas tres días después de que su consejero delegado Santiago Seage, -que llevaba tres meses en el cargo tras reemplazar a Manuel Sánchez Ortega- hubiera rechazado que se planteaba semejante operación.

La empresa tardó casi dos meses en lograr que Banco Santander, Crédit Agricole y HSBC aseguraran la ampliación. El acuerdo, suscrito a finales de septiembre, garantizaba la inyección del nuevo capital. Pero implicó la salida de la primera línea ejecutiva de Felipe Benjumea, su presidente en los últimos 25 años e hijo del fundador de la empresa, Javier Benjumea Puigcerver. Felipe Benjumea fue sustituido como presidente no ejecutivo por el secretario general técnico, José Domínguez Abascal. La participación de la familia Benjumea se limitó del 57% a un máximo del 40% de los derechos políticos, y perdió la mayoría en el consejo de administración.

La marcha de Gestamp y la declaración del preconcurso han dejado la ampliación de capital en suspenso. Los descendientes de los fundadores de la empresa siguen ostentando la mayoría del capital. Y Felipe Benjumea ha vuelto a su despacho para colaborar con José Domínguez Abascal, que se convirtió el viernes en presidente ejecutivo tras la marcha del consejero delegado, Santiago Seage, a la filial Abengoa Yield.

Abengoa se enfrenta ahora a varias alternativas. La primera es la llegada de un nuevo socio capitalista que inyecte liquidez, como lo habría hecho Gestamp. La segunda posibilidad estriba en que los bancos acuerden una refinanciación, o incluso capitalicen la deuda y entren en la firma como accionistas, como ocurrió en Pescanova o Prisa, donde se logró un acuerdo que implicó una deuda. La tercera consistiría en un rescate mediante fondos públicos, aunque es la menos probable no sólo por factores políticos, sino porque probablemente colisionaría con la legislación de competencia de Bruselas.

La última opción sería la declaración en concurso e iniciar una liquidación ordenada. Esta alternativa sería la más costosa en términos laborales e implicaría la desaparición de la empresa. El plazo de cuatro meses para evitarla arrancó el pasado 25 de noviembre.

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