Andalucía

El juez cita a declarar a Pastrana y a Fernández por las facturas falsas

  • Los ex secretarios generales de UGT-A deben comparecer imputados por falsificación y fraude de subvenciones el 3 de noviembre.

El juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, que investiga el escándalo de las facturas falsas en UGT-A, ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que se impute en la causa a la antigua cúpula del sindicato. El magistrado ha citado a declarar el próximo 3 de noviembre a los ex secretarios generales Francisco Fernández Sevilla y Manuel Pastrana Casado, a los que atribuye presuntamente dos delitos, uno de falsificación y otro de fraude de subvenciones.

Se trata de la segunda imputación judicial en el caso de Francisco Fernández, quien también está siendo investigado en la causa de los ERE fraudulentos por la juez Alaya en relación con las ayudas a la tabaquera Altadis, hechos por los que la Fiscalía le ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 296.000 euros.

En una providencia, el titular del juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla hace hincapié en que la declaración del ex vicesecretario de Administración y Recursos Humanos y ex tesorero de UGT-A Federico Fresneda es "contudente" al ratificar la implicación de ambos dirigentes sindicales en las decisiones ejecutivas de la organización, y en concreto en las referidas a la creación de la Central de Compras. El juez considera que la Central de Compras es un "órgano o mecanismo esencial en la realización de la actividad fraudulenta investigada".

El instructor señala igualmente que esta actividad se concretaba en la utilización de los mecanismos conocidos como el rápel y el bote. El primero, subraya el juez en la resolución, "permitía al sindicato lucrarse con los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, por no declararse dichos descuentos a la Administración que otorgaba la subvención".

En cuanto al bote, el juez recuerda que estaba "informatizado y controlado a través del programa informático Spyro", en un sistema que facilitaba al sindicato "financiarse con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas, que no se correspondían a servicio prestado alguno pero que eran imputadas a programas subvencionados".

La decisión del instructor se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara hace varias semanas la imputación de ambos dirigentes sindicales, quienes fueron "titulares a la fecha de los hechos de la máxima representación y poder en el sindicato". En el escrito presentado en el juzgado, la Fiscalía explicó entonces que en esencia, el objeto del presente procedimiento, es la "financiación irregular del sindicato UGT Andalucía, a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación", una financiación "ilícita" en la que se usó el rápel y el bote.

El fiscal señaló que los hechos investigados comienzan a implantarse cuando se puso en marcha la llamada "central de compras" en la UGT, una cuestión que se deduce "no sólo de las investigaciones sino de las declaraciones de los imputados". Esta central de compras fue inspiración directa de Manuel Pastrana y continuó en la implantación de la misma el entonces secretario general Francisco Fernández, "no sólo en su época de secretario de organización, sino en el periodo que sucedió a Pastrana".

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