El retraso en la toma de declaraciones por parte de la juez Alaya ha sido objeto de al menos media docena de escritos de la Fiscalía Anticorrupción requiriendo una mayor celeridad a la instructora para evitar la posible prescripción de alguno de los delitos investigados. En octubre del año pasado, cuando la juez se encontraba de baja por enfermedad, la Fiscalía pidió al juez sustituto que ordenase a la Guardia Civil "priorizar" la investigación de las ayudas concedidas entre los años 2001 y 2003, además de que se entregasen los informes relativos a los pagos efectuados en ese periodo.

El último escrito en el que Anticorrupción dio un aviso a Alaya se produjo a principios de julio, tan sólo unos días después de que la magistrada dictara el auto en el que imputaba a la ex consejera Magdalena Álvarez y a otros 19 altos cargos o ex altos cargos de la Junta. Los fiscales pidieron entonces a la instructora que fijara un "calendario razonable" para la declaración de todas estas personas, todo ello ante la "necesidad de avanzar en la instrucción de la presente causa, garantizando los derechos y garantías de todos los imputados hasta la fecha, muy especialmente los recogidos en el artículo 24.2 de la Constitución española". Ese calendario es preciso, según la Fiscalía, para que "se pueda proceder a la concreción de los hechos que se imputan" a estos nuevos implicados.

En todos estos escritos, Anticorrupción siempre ha destacado la "complejidad y extensión" de las investigaciones que lleva a cabo el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, y ha puesto de manifiesto la necesidad de que, por parte de este órgano judicial, "se requiera ante los órganos competentes la necesaria ampliación de los recursos humanos y materiales que permitan un avance ordenado y sistemático de la presente causa y que puedan dar cumplimiento en un plazo razonable a las diligencias que ya han sido acordadas".

A pesar de los requerimientos de la Fiscalía, la juez sólo le ha tomado declaración de los 20 nuevos imputados al ex interventor de la Junta Manuel Gómez, aunque ha citado a otros cinco imputados a declarar en los meses de septiembre y octubre, si bien de estas cinco declaraciones una se corresponde con un imputado que no forma parte del grupo de la veintena de nuevos implicados. Entre las nueva declaraciones destaca la del viceconsejero de Presidencia, Antonio Vicente Lozano, que debe comparecer el próximo 17 de septiembre.