Andalucía

La adaptación al sueldo de Griñán tropieza en las empresas públicas

  • La moderación salarial comienza a calar entre los directivos del sector público andaluz, aunque con excepciones. Una decena de ejecutivos se saltan el techo legal impuesto por la Junta.

En 2010, por primera vez, los Presupuestos de la Junta de Andalucía recogieron que el presidente fuese el alto cargo de la Administración con mayor retribución económica. En 2011 se repitió exigencia, al igual que en el presente año. Este límite salarial tuvo como objetivo imponer un criterio y servir como ejemplo para la Administración local, donde afloraban alcaldes con sueldos escandalosos, a menudo, sin un número importante de vecinos sobre los que regir. Los partidos tomaron nota, redujeron salarios y la moderación persiste a lo largo de la geografía municipal.

Pero la diana de esa cláusula eran los gerentes de las empresas públicas, unas entidades imbricadas en la Administración autonómica, pero con personalidad jurídica propia y, en definitiva, independientes. No podían ganar más que el presidente. Y en 2013 se irá a más: el tope se igualará al de los viceconsejeros (59.554 euros al año).

Pero esa adaptación salarial encalla por el momento en estas empresas públicas, pese a que se han producido avances. Hace un par de años conocer el sueldo de los directivos era un laborioso propósito que llevaba a sumergirse en remotos informes de la Cámara de Cuentas o a esperar un sorpresivo hallazgo en las memorias anuales de cada entidad. La transparencia en el sector público empresarial andaluz dista aún de ser una realidad cotidiana, pero los distintos procesos de reordenación han abierto ventanas para conocer los salarios, al menos globales, del personal. Y comprobar que, en algunos casos, siguen siendo privilegiados.

Según la Cuenta General de la comunidad autónoma de 2011, al menos una decena de ejecutivos de la alta dirección de las empresas públicas hicieron caso omiso de la prohibición que se viene repitiendo en el artículo 17 de los Presupuestos andaluces y que establece que "el personal que ejerce funciones de alta dirección no podrá percibir una retribución íntegra anual por todos los conceptos dinerarios o en especie, incluida la productividad y cualquier otro incentivo o concepto, superior a la fijada para el presidente o presidenta de la Junta de Andalucía". Según la misma ley, el sueldo para 2011 era de 68.981 euros anuales, en doce pagas.

Entre las empresas públicas incumplidoras se encuentran algunas agencias resultantes del polémico proceso de reordenación que originó un fuerte rechazo entre funcionarios y personal laboral.

Es el caso por ejemplo de la Agencia de Obra Pública de Andalucía, que en su auditoría anual recoge que la remuneración total de su director gerente ascendió en 2011 a 80.149 euros (y en 2010, 77.052 euros), sumando en concepto de dietas, gastos y compensaciones de viajes 357 euros (1.903 euros en 2010). Antes de esta remodelación la persona que ostentó este puesto directivo de máximo nivel en la empresa pública de Obra Pública tuvo una asignación superior a los 100.000 euros.

También la Agencia de Gestión Agraria y pesquera de Andalucía (antigua Dapsa), dependiente de la Consejería de Agricultura, recoge en sus cuentas que las remuneraciones devengadas en el curso del ejercicio pasado por el personal de alta dirección "ascienden a 83.552,50 euros en concepto de sueldos y salarios, no habiéndose percibido dietas".

En la Agencia del Conocimiento, la entidad satisfizo en sueldos a personal de alta dirección 93.754 euros. La Consejería de Innovación, de la que depende esta agencia, aclaró que en el pasado ejercicio esa retribución se compartió entre los ex directivos de Talentia y Citandalucía, fusionadas en esta agencia.

Otro dato llamativo es el de la remuneración de los directivos en la Agencia Andaluza de Servicios Sociales y Dependencia, que recoge 42.647 euros en sueldos y salarios, 813 euros en dietas y hasta 79.848 euros en indemnizaciones. En total: 123.308 euros para personal de alta dirección.

Gestores de empresas públicas sanitarias también sobrepasaron este techo salarial impuesto por la Junta. No obstante, hay que reseñar que el sueldo del presidente andaluz es uno de los más bajos de los barones autonómicos. Tras la última bajada este año de un 7,5%, sólo la nómina del presidente de Cantabria es inferior a los 63.808 de José Antonio Griñán. Así, la retribución del administrador de la agencia sanitaria Bajo Guadalquivir percibió 78.840,99 euros de retribuciones salariales, incluida antigüedad, más 1.504 euros de gastos de viaje. En el Alto Guadalquivir ascendieron a 70.677 en 2011 y 75.406 euros en 2010. En el caso del Hospital del Poniente fueron de 78.887 euros, por debajo de los 93.020 de 2010.

El director gerente de Emergencias Sanitarias percibió 55.941 euros en sueldo y 17.249 euros en incentivos. Fuentes de la Consejería de Salud anotaron que estos directivos reciben del año anterior un complemento por objetivos conseguidos. No obstante, la aplicación de la ley excluye en este punto cualquier clase de incentivos y, pese a la buena valoración que tienen las empresas sanitarias, no diferencia a gestores por sector de actividad.

Aunque la ley sí establece excepciones, como las empresas públicas de extracción parlamentaria, caso exclusivo de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA). Como es conocido, el sueldo del director de Canal Sur superó el pasado año los 125.000 euros. Este sueldo se ajustará el 1 de enero en virtud de las nuevas medidas aprobadas por la Junta para el próximo año. El sueldo del director de Canal Sur Radio fue de 88.517 euros más 2.052 de gastos de viaje. Entre el Consejo de Administración y la alta dirección, la RTVA superó los 3,7 millones de euros en sueldos de sus consejeros y personal de alta dirección.

Otras empresas públicas con un notable gasto de su equipo directivo fue Infraestructuras y Servicios Educativos, de la Consejería de Educación. Un total de 313.149 euros para la dirección general y tres de sus direcciones operativas, una media de 78.287 euros cada uno.

Una media similar tuvieron los altos directivos de Veiasa, la empresa pública de verificaciones industriales donde se incluye la ITV. Fueron 345.003 euros entre cinco directivos, muy lejos de los 1,1 millones del ejercicio de 2010 cuando también se consideraba personal directivo a dos jefes más.

Pero para abundancia de directivos la Empresa Pública de Suelo (EPSA), donde como dio a conocer la semana pasada esta redacción, los sueldos de algunos de sus diez altos cargos superaron las limitaciones salariales establecidas.

Por muy poco (quizá por despiste) se pasó el director general de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Sadesi), que percibió 67.892 euros (78.251 en 2010), pero sumó "indemnizaciones por razón del servicio" por 3.144 euros más.

La moderación salarial no obstante camina de forma favorable en el caso de otras empresas públicas asociadas a la Junta, que han tomado buena nota del límite salarial. Tanto que en ocasiones se quedan a escasos euros del sueldo del presidente. Es el caso por ejemplo del director gerente de Instituciones Culturales, que percibió 68.326 euros el pasado año. El director de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) ganó 67.662 euros; el de Turismo y Deporte 66.529; el de la Escuela de Salud Pública 65.074 euros y el de Sogefinpa 66.170 (61.655 por sueldo y 4.515 por antigüedad), más los 1.282 euros en dietas.

También se ajustó al sueldo la que fuera directora de Invercaria, 68.546 euros (82.133 euros en 2010). El personal de alta dirección en IDEA ascendió a 1,6 millones de euros, a lo que se sumaron 233 millones en préstamos. Esta agencia no aclara quiénes componen su personal directivo. En 2011 tuvo 18 directores, ocho gerentes y 15 jefes de departamento.

Desigual suerte hay en el repaso de los balances de otras empresas públicas con el propósito de conocer las retribuciones salariales de sus directores y gerentes, caso de la Agencia de Puertos, la Agencia de la Energía, la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel), Inturjoven o la empresa pública Hospital Costa del Sol, que no han especificado este gasto ante la Consejería de Hacienda y Administración Pública que dirige Carmen Martínez Aguayo.

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