Carecía de sentido. "Lo más prudente era renunciar al convenio". Ésa es la opinión de Miguel Ángel Serrano, el hombre que, desde dentro de la Consejería de Innovación, transformó el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en 2004 en la agencia IDEA, de la que fue su primer director general. Carecía de sentido, según relató ayer ante la comisión de investigación de los ERE, que IDEA, ya integrada en la Consejería de Innovación, siguiese pagando las ayudas asociadas a trabajadores afectados de los ERE cuando las decisiones, tramitación y orden de pagos se decidían en otro departamento del Gobierno andaluz, en la Consejería de Empleo. Carecía de sentido, al parecer suyo, pero, además, es que este trasvase de fondos de un departamento a otro se convirtió en un verdadero túnel oscuro donde no entraba la luz ni del control administrativo ni del político. ¿Por qué? Ésa debería ser una de las respuestas que esta comisión tendría que responder: ¿por qué la Junta se ha revelado como un rosario de departamentos estancos más que la administración gobernada por un solo Ejecutivo?

Serrano explicó que había tratado este asunto -el de la no conveniencia de seguir el sistema- con su consejero de Innovación, Francisco Vallejo, y que éste compartía esa opinión, aunque su superior decidió seguir. Entre las razones que le llevaron a ello, Serrano citó que las partidas que sustentaban este trasvase de fondos figuraban en los Presupuestos de la Junta y que, además, nunca fueron conscientes de que se estaban cometiendo ilegalidades.

El papel de IDEA en el caso de los ERE arranca el 17 de julio de 2001, cuando la Consejería de Empleo, dirigida entonces por José Antonio Viera, firma un convenio con el el IFA, con la peculiaridad de que entonces estaba integrada en el mismo departamento. El presidente del IFA fue, en ese principio, su viceconsejero, entonces Antonio Fernández, quien después sucedería a Viera.

Serrano, que se hizo cargo del IFA para transformarla en IDEA, pero ya dentro de la Consejería de Innovación, aseguró en tres ocasiones que se "plantearon no seguir" con los pagos.

"Lo más prudente era renunciar a ese convenio", subrayó, y explicó los motivos: el primero, porque la titularidad de IDEA ya estaba en otra consejería, pero además porque el interventor general de la Junta encontró en 2003 un desfase presupuestario, una falta de respaldo de fondos de las ayudas que se decidían en Empleo y, en concreto, desde la dirección general de Trabajo que llevó Francisco Javier Guerrero durante cerca de una década.

La separación de IDEA de la Consejería de Empleo también fue la razón esgrimida en agosto por el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez para no seguir investigando las irregularidades que apreció en la Dirección General de Trabajo. Según mantuvo Gómez en su comparecencia, la Intervención auditó el IFA en 2003, pero apreció que Trabajo "prescindía de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido", pero no encargó a su subordinada en Empleo otros informes allí porque el dinero no se encontraba allá, sino en la agencia de la Consejería de Innovación. Esta separación, al parecer infranqueable, motivó que el parlamentario del PP Rafael Salas acusase a Serrano de vivir "en la habitación del pánico". "Usted era uno de esos vecinos que no avisó que había un incendio en la casa de otro", señaló Salas, y es que esa fue la metáfora empleada por el interventor: que él apreció el fuego, que avisó al vecino que se le quemaba la cocina, pero el afectado no se dio por aludido porque quería que le llegase la voz de alarma por correo electrónico.

Ante la insistencia de Salas, Serrano admitió que el "sistema" visto ahora "tenía suficientes boquetes para que los mecanismos de intervención y control actuasen". "¿Y los políticos?", repreguntó Salas. "Yo soy un técnico", contestó Serrano.